La Asamblea de Extremadura reitera la "necesidad" de una "salida negociada" al conflicto del Sáhara Occidental, al tiempo en que se ha reafirmado en su apoyo al "derecho a la autodeterminación" del pueblo saharaui "en los términos acordados por la ONU". Según la agencia Europa Press, el Parlamento extremeño solicita que el fin del conflicto se efectúe de forma "justa, pacífica y respetuosa con la legalidad internacional".
En una declaración institucional consensuada entre los grupos parlamentarios Socialista y Popular, exige igualmente que la Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental "se asegure del cumplimento de la declaración universal de los derechos humanos".
Asimismo, se rechaza "firmemente" el empleo de la "fuerza" en el Sáhara Occidental, al tiempo que advierte que los acontecimientos de los últimos días en El Aaiún ponen "entre interrogantes la voluntad del régimen marroquí por llegar a una solución negociada" al "conflicto" en la zona.
Además, se lamenta la "incomprensible lentitud" con la que a su juicio ha reaccionado la comunidad internacional "ante las violaciones a los derechos de los saharauis" tras los "graves" acontecimientos de los últimos días en El Aaiún.
El acuerdo, del que la Asamblea de Extremadura dará traslado al Gobierno de España y a la Embajada de Marruecos en España, ha sido leído al finalizar esta tarde la sesión plenaria que se celebraba en la cámara regional por el presidente de esta institución, Juan Ramón Ferreira.
En la declaración, la cámara autonómica, que se reconoce "sensible a la dimensión e importancia de los graves acontecimientos" en El Aaiún, apuesta además por el "diálogo y la negociación" en la situación actual, y rechaza asimismo el "bloqueo informativo que pretende evitar la reacción internacional".
El parlamento extremeño constata también como "un grave impedimento" al derecho de libre circulación "la prohibición de acceso al territorio del Sáhara Occidental de miembros del Parlamento Europeo y de otros parlamentos de España", y manifiesta la "necesidad de permitir el acceso de observadores internacionales a los campamentos".
La Asamblea insta asimismo a "todas las instancias concernidas" a "tomar medidas efectivas dirigidas a la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental".
En la declaración, la cámara extremeña recuerda que hace más de 35 años que el pueblo saharaui "vive desposeído de su tierra y de la capacidad de decidir su futuro", y añade que "durante todo este tiempo, los saharauis han vivido divididos entre los que sufrían el duro exilio de los campamentos de refugiados en Tindouf y los que vivían en los territorios ocupados, víctimas de la represión y de la negación de libertades".
"El pueblo saharaui de los territorios ocupados ha vivido y vive una cruel situación de discriminación en su propia tierra", reza la declaración institucional, que recuerda también que hace pocas semanas, una "gran" cantidad de saharauis de los territorios ocupados alzaron a pocos kilómetros de El Aaiún un campamento de haimas con le objetivo de "denunciar sus insostenibles condiciones de vida".
Se trataba, añade el acuerdo del parlamento extremeño, de una "protesta pacífica que rápidamente creció hasta reunir más de 20.000 personas".
Finalmente, recuerda que en la madrugada del pasado 8 de noviembre, "el ejército y la policía marroquíes iniciaron el desmantelamiento por la fuerza de este campamento, reprimiendo a toda la población, incluidos niños".
