Los agricultores y ganaderos tenían razón cuando se quejaban de que la situación que estaban soportando era insostenible. Los datos avalan sus lamentos: entre los meses de mayo, junio y julio de este verano se han producido 497 robos en el campo (solo en julio fueron 216), de los que 410 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 87 en la de Cáceres.
Y lo peor, es que a partir del 15 de agosto se ha producido un "repunte" en este tipo de actos, que no son solo preocupantes por el valor de lo que se llevan sino por el daño que provocan y el trastorno en la actividad agrícola y ganadera. La Delegación del Gobierno de Extremadura no disponía aún ayer de las cifras de agosto porque el mes no ha terminado, pero sí sabe que se han incrementado los robos por la cantidad de denuncias que están recibiendo.
Para intentar atajar este problema, se va a intensificar la vigilancia en el campo y el control de la venta de chatarra. En abril se aprobó un plan nacional contra los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas que se tradujo en la llegada a Extremadura de un grupo especial de actuación, denominado MIR (Módulo de Intervención Reducido) para mayor control, investigación y vigilancia.
Mientras estuvieron en la región se notó su presencia y disminuyeron las infracciones penales, pero se fueron el 15 de julio para participar en el Plan Verano, de protección del turismo en las costas. Como la situación no solo no se ha corregido sino que ha empeorado, regresarán a partir del 5 de septiembre. Serán entre 28 y 32 agentes procedentes de León, a los que se sumaran otros 20 hombres de la Useci (Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Comandancia de Badajoz, además de las patrullas de servicio diario, el Seprona, agentes de Tráfico y vehículos camuflados y efectivos de paisano.
Este control se hará de forma más específica en las Vegas Altas y Bajas y en Tierra de Barros, donde se concentra el mayor número de hurtos, fundamentalmente de herramientas, baterías, gasóil y también de productos agrícolas. El dispositivo se mantendrá en función de los resultados.
Es lo que se desprendió de la reunión que mantuvo ayer la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, con representantes de las Cooperativas Agarias Extremeñas, a petición de éstos, que ya la semana pasada hicieron pública su preocupación por el incremento de los robos. Pereira comentó que también se pide colaboración a agricultores y ganaderos para que faciliten la labor de la Guardia Civil a la hora de recuperar elementos robados si los identifican. Ya existen experiencias en las que se han establecido mecanismos de identificación de baterías y otros materiales para que cuando se recuperan en los controles se devuelven a sus dueños.
Según informó el teniente coronel jefe de operaciones de la comandancia de la Guardia Civil, José María Martínez Rangel, el 30% de estos delitos se esclarecen, un porcentaje "bastante alto" para ser delitos contra el patrimonio.
La delegada del Gobierno apuntó que las infracciones penales por robos en explotaciones agrícolas y ganaderas no solo se han incrementado en la comunidad extremeña, sino en el conjunto del país. Y recordó que existe un proyecto de ley de residuos que se aprobará en esta legislatura y establecerá controles más rígidos en la venta a chatarrerías para que solo puedan hacerlo los profesionales.
Según expuso Calixto Fajardo, presidente de la Cooperativa San José de Calamonte, su mayor pesar ha sido que dejaron de ver el dispositivo de control extraordinairo a mediados de julio y a partir de entonces se han incrementado los robos, "que son continuados en las mismas explotaciones y los cometen personas que de alguna forma nos controlan a nosotros y a la Guardia Civil". A lo que no quieren llegar es a que "los agricultores nos veamos forzados a salir al campo para enfrentarnos a este tipo de gente a ciertas horas". Por eso piden soluciones. "Los medios y las leyes que tenemos hacen que el delincuente siga robando", recalcó y manifestó que habría que replantearse si hay que dotar más medios y cambiar las leyes, como es el caso de la que regula los residuos, para diferenciar los objetos procedentes de robo de aquellos que reciclan los profesionales.
Fajardo también reclamó que los ayuntamientos incrementen el control de la venta callejera de productos hortofrutícola, pues se da la paradoja de que mientras a los agricultores les aprietan en las exigencias en materia de seguridad alimentaria, por otro lado están los vendedores ambulantes con fruta en la vía pública en lugar de hacerlo en comercios reglados. "Eso es economía sumergida y eso no se puede permitir", subrayó, al tiempo que conminó: "debemos adecuar los problemas a los nuevos tiempos para que no se nos vayan de las manos".
