El secretario general del Servicio Extremeño de Salud (SES), César Santos, trasladó ayer a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad el procedimiento seguido por la Administración regional para solicitar ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la imposibilidad de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo, que afecta a la categoría de enfermeros de atención continuada de la Oferta Pública de Empleo de 2007. Santos explicó que la "única solución posible y razonable desde el punto de vista legal" para este "grandísimo problema" es solicitar la imposibilidad de ejecución del fallo del Alto Tribunal, según lo que han entendido los servicios jurídicos de la Administración.

"Ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo en sus propios términos supondría un perjuicio importante para el SES y para las 267 personas que actuaron de buena fe, obtuvieron su plaza y tomaron posesión de ella en 2010", comentó Santos. Los argumentos en los que se basa la solicitud de imposibilidad de ejecución de la sentencia son fundamentalmente el gran perjuicio que el fallo del Supremo supone para los 267 enfermeros de atención continuada que consiguieron su plaza en 2007 y que actuaron de buena fe, así como el largo espacio de tiempo transcurrido entre la celebración de las pruebas, la adjudicación de las plazas y la propia sentencia.

Sobre este tema, el PP de Extremadura afirmó ayer que el escrito remitido por el Gobierno extremeño al Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) en el que expone la imposibilidad de ejecutar la sentencia que declaró nulas las oposiciones a Enfermería de 2007, intenta "enmendar el entuerto" que el PSOE ocasionó. La portavoz regional del PP, Francisca Rosa, aseguró que el Ejecutivo regional persigue "poner orden en el desbarajuste" que el gobierno socialista presidido por Guillermo Fernández Vara ocasionó en la convocatoria de aquel año y no perjudicar a los opositores que consiguieron su plaza.

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida en Extremadura , Pedro Escobar, se mostró ayer a favor de que no se ejecute la sentencia sobre las oposiciones de enfermería de 2007, ya que, a su juicio, iría en detrimento de los derechos de las personas que aprobaron legítimamente. En un comunicado, Escobar mostró su esperanza de que los 267 afectados mantengan sus puestos y abogó por buscar una solución para la demandante, también pidió que se depuren responsabilidades, "hay que buscar quién fue el culpable de esa enorme chapuza".