La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Extremadura ha denegado la solicitud de inscripción en el Registro de Sociedades Cooperativas del nuevo Consejo Rector de la Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extremadura (Acorex) al carecer de legitimidad por no cumplir los requisitos legales.

De este modo, la Junta rechaza el nombramiento del nuevo consejo rector presidido por Manuel Rodríguez Corrales y declara ilegítima la Asamblea celebrada el pasado 5 de diciembre que designó este nuevo consejo tras destituir al que encabeza José Gregorio Traver.

Según explica la resolución, la asamblea general del 5 de diciembre no debió celebrarse, puesto que dos días antes había sido desconvocada por el único órgano competente, en este caso el consejo rector de la sociedad que preside Gregorio Traver, según establece el artículo 31 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura.

Además, ese mismo 3 de diciembre ya se aprobó la fecha de la nueva convocatoria de la Asamblea --el próximo 30 de enero--, y posteriormente se comunicó a los socios, en tiempo y forma, la desconvocatoria de la reunión del 5 de diciembre.

La resolución concluye que el Consejo Rector elegido en dicha asamblea carece de legitimidad para adoptar acuerdo alguno, incluido el nombramiento de gerente, revocación y otorgamiento de poderes, por lo que se rechaza su inscripción en el registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura.

Esto supone que a día de hoy el legítimo Consejo Rector de Acorex es el que figura inscrito legalmente en el Registro de Cooperativas, es decir, el presidido por Traver.

TRIBUNALES Por su parte, el Consejo Rector de la Acorex anunció ayer que emprenderá cuantas acciones correspondan, "incluidas las penales", contra los integrantes del consejo rector presidido por Manuel Rodríguez Corrales, que ha sido declarado ilegítimo por la Junta.

En un comunicado de prensa, este órgano dirección encabezado por Traver achaca al consejo elegido de manera ilegítima el pasado 5 de diciembre la presunta comisión de delitos societarios y falsedad documental, así como deslealtad profesional de aquellos que se han prestado a colaborar en sus servicios en contra de los intereses de Acorex.

"Este asalto al poder ha manchado el buen nombre de Acorex y los responsables deben pagar por sus hechos", señala el comunicado.

A su juicio, con independencia de lo que decidan los tribunales, deben ser "los ganaderos y agricultores quienes juzguen dicha actuación, decidiendo si mantienen o no la confianza en quienes han puesto en peligro la estabilidad de Acorex y de las propias cooperativas".

LUCHA POR EL PODER La dirección de Acorex critica el comportamiento "de una serie de personas" que han actuado guiados "por un ansia desmedida de poder", actuación que se ha visto apoyada "por la conducta inaceptable de varios trabajadores", que "casualmente" son los que gozan de sueldos insostenibles en esta situación económica y que tratan de proteger sus retribuciones frente a la reducción salarial emprendida por el consejo.

También pone en conocimiento de la opinión pública que desde mayo varias han estado boicoteando económicamente a Acorex incumpliendo sus obligaciones legales, no comercializando sus productos por esta agrupación o tomando iniciativas en contra de la corporación.

Los trabajadores de Acorex, por su parte, ratificaron ayer su apoyo al nuevo consejo presidido por Rodríguez Corrales --el declarado ilegítimo por la Junta-- porque consideran que lo que propone este es "mucho mejor" para la entidad.

El representante de los trabajadores de UGT en Acorex, Isidoro Villarreal, indicó que los empleados no saben qué es lo que va a pasar y destacó que apoyan al nuevo consejo elegido el día 5 porque con el consejo rector de José Gregorio Traver "no se ha hecho prácticamente nada" y la entidad está "parada prácticamente".