2013, primer año completo con el tasazo en vigor, acabo con 155.941 asuntos ingresados en los juzgados y tribunales extremeños, según los datos recogidos en el Informe sobre la situación de los órganos judiciales , que recientemente hizo público el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra es prácticamente calcada a la que se registró en el 2012, cuando fueron 155.172, con lo que ha habido un ligero incremento del 0,49% en la carga de trabajo recibida.
¿Quiere decir eso que el nuevo tributo no ha afectado a la litigiosidad en la Justicia extremeña? No parece fácil deslindar los efectos que pueda haber tenido el tasazo de los sobrevenidos a causa de otros factores como, por ejemplo, la evolución de la coyuntura económica, pero lo cierto es que en el 2013 se registró un descenso de los asuntos ingresados precisamente en aquellas jurisdicciones que fueron gravadas con tasas y, por contra, aumentó en la penal, que está exenta.
En noviembre del 2012 se hizo efectiva la conocida como ley de tasas judiciales . A partir de ese momento, toda persona que presentase una demanda por lo civil o lo social ha tenido que pagar conforme al baremo de importes recogido por la normativa. La parte fija de las tasas oscila entre los 100 y los 1.200 euros y a ella hay que sumarle otra variable que depende de la cuantía del pleito. Y da igual que se gane o se pierda el contencioso, siempre hay que rascarse el bolsillo. Hasta aquel momento las tasas habían sido obligatorias solo para las personas jurídicas y dentro las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa.
Y ha sido en esta última donde, aparentemente, se ha dejado sentir con mayor fuerza la normativa promovida por Alberto Ruiz-Gallardón: mientras que en el 2012 los asuntos ingresados fueron 3.653, en los doce meses siguientes la cifra cayó hasta los 3.329, lo que ha supuesto un descenso de casi nueve puntos porcentuales. También cayeron los casos en la jurisdicción civil (un 2,4% hasta los 31.886) y en la social (un 5% hasta los 6.512). Diferente fue la evolución en el área penal, en la que se contabilizaron 114.214 asuntos ingresados, un 2% más que en el 2012.
No obstante, para saber el verdadero impacto del cambio normativo también será clave conocer al detalle la evolución seguida por procedimientos como los recursos de apelación o de casación --algo que de momento no muestran las estadísticas del CGPJ-- ya que es ahí donde se exigen los mayores desembolsos, y, por tanto, donde es previsible que la tasas hayan retraído en mayor medida la actividad judicial.
"Se han cargado los recursos de apelación civiles. Son un fijo de 800 euros a fondo perdido que nunca te va a devolver el Estado", lamenta el abogado Juan Manuel Rozas. "Esto no son tasas, que es algo que se paga por un servicio. Esto es un veto a la tutela judicial, es un impuesto que no ha servido para mejorar la calidad de la justicia, que está peor que nunca, los asuntos se atascan y no hay refuerzos ni de jueces ni de funcionarios", critica este letrado, en ejercicio desde 1987.
En el ámbito de lo contencioso-administrativo, Rozas también destaca la incidencia que sigue teniendo un cambio que se produjo en el 2011 en relación a la imposición de las costas procesales y que pasó más desapercibido. La normativa aprobada entonces opta, de forma general, por el criterio de vencimiento objetivo (el que pierde, paga, haya actuado o no de buena fe), lo que ha hecho, afirma, que los recursos contra multas, actas de infracción o denegación de subvenciones, entre otros, hayan caído sensiblemente, ante el temor de que se pierda y se tenga que acabar pagando a la Administración.
En el conjunto del país, el número de asuntos ingresados en el 2013 en los juzgados y tribunales se situó en 8.636.016, lo que supone un descenso del 3,8% respecto al año anterior. A excepción de la jurisdicción social, donde los asuntos contabilizaron un aumento del 2,1%, todas las jurisdicciones experimentaron disminuciones interanuales: del 15,5 % en la contencioso-administrativa; del 9,2% en la civil; y del 2,1 % en la penal. El número total de asuntos resueltos a lo largo de esos doce meses fue de 8.875.557 lo que significan 240.000 más que los ingresados. En cuanto al de asuntos en trámite que había a final de año, era de 2.680.933.
Por otro lado, de acuerdo a este informe, Extremadura se mantiene entre las comunidades autónomas con una menor tasa de litigiosidad --asuntos judiciales registrados por cada mil habitantes-- de España, con 141,3 asuntos ingresados. Solo el País Vasco y La Rioja ofrecen una cifra menor. En cuanto a la tasa de resolución (cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados), la región registra un 1,01 (es decir, se resolvieron prácticamente el mismo número de casos que llegaron), algo por debajo de la media nacional, del 1,03. En la tasa de pendencia (que es la relación entre los casos pendientes y los resueltos, por lo que el resultado es más positivo mientras la cifra se aproxime más a cero) la situación mejora ligeramente el promedio español (0,28 por 0,30). De manera similar, la tasa de congestión (suma de los asuntos pendientes al inicio de año y de los registrados en ese periodo dividida entre los asuntos resueltos) en la comunidad autónoma es algo más favorable que la española (1,29 frente a 1,30).
