El pleno del Parlamento de Extremadura aprueba hoy la conversión del decreto-ley de renta básica en proyecto de ley con los votos a favor del PP e IU, mientras que el PSOE y el Prex-Crex lo han hecho en contra.
La propuesta de ley se tramitará por el procedimiento de urgencia al haber contado con la mayoría absoluta necesaria para salir adelante.
Al haber prosperado este punto, no ha sido necesario votar posteriormente la convalidación o derogación del decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 26 de agosto.
El portavoz de IU, Pedro Escobar, resalta que el Gobierno regional se merecían el "no", "la bofetada y el portazo", pero no lo iban a hacer para poder discutir la nueva ley y mejorar la norma existente.
No obstante, Escobar advierte de que no van a aceptar ni una sola restricción, ha concedido 15 días al Gobierno de Extremadura, y no descarta votar en contra de la nueva ley.
Por su parte, la diputada del PP Rosa Moreno defiende la conversión del decreto de ley en proyecto de ley por "consenso" e indica que no se "resignan" a no hacer nada para mejorar la vida de los extremeños.
Apela a la "mayoría responsable" de la cámara que acordó la ley y las mejoras posteriores de un derecho que, según subraya, tienen reconocido ya 3.500 personas gracias a los últimos cambios.
Moreno conmina a los socialistas a que dejen sus intereses partidistas y ayuden a mejorar la ley.
La parlamentaria del Prex-Crex, Fernanda Ávila, acusa a los populares de romper el consenso al presentar un decreto-ley que, además, perjudica a los ciudadanos, ya que la ayuda se resuelve por medio de una convocatoria, como si la necesidad pudiera esperar.
A su juicio, las modificaciones aprobadas en junio ya han permitido aumentar el número de beneficiarios y el de las personas que cobran la prestación.
Ávila subraya que no van a permitir que se enrede más con este asunto y se engañe a los ciudadanos.
Por su parte, Escobar reconoce que esta intervención era la que con "más mala gana" y "a regañadientes" iba a hacer en toda la legislatura, porque supone volver a hablar de un "fracaso" del que se hace en parte partícipe.
A pesar de que hay entre 12.000 y 14.000 solicitudes sin resolver, muy lejos de lo esperado, la ley actual es "bastante defendible" respecto a otras de España, manifiesta.
A su juicio, no ha funcionado por cuestiones "procedimentales" y acusa al Gobierno regional de "ir de error en error" al presentar un decreto ley en pleno mes de agosto.
El decreto es "rechazable" por el método y por el contenido, ya incluye la vía de la convocatoria para acceder a la ayuda.
La diputada socialista Isabel Gil Rosiña tampoco comparte la nueva filosofía del "decretazo", que convierte el derecho en una subvención, en una "limosna", como si la pobreza sólo se sufriera unos meses.
Gil Rosiña aclara que no apoyaban la conversión del decreto ley porque eso era como aceptar que ha fallado la norma, cuando la incapacidad ha sido del Gobierno de Monago, que ha tenido hasta cuatro consejeros responsables de la política social.
También suponía aceptar que 16.000 solicitudes se tiren a la basura, apunta.
La parlamentaria socialista crticia que el PP venga al Parlamento a pedir consenso, cuando ha usado el decreto ley, que sólo es para asuntos de urgente necesidad, y hace de su intervención un ataque al PSOE.
Por otro lado, uno grupo de activistas de los Campamentos Dignidad se han concentrado a las puertas del Parlamento para denunciar este "decretazo" y reclamar el pago inmediato de la renta básica.
