El portavoz adjunto del PP de Extremadura, Francisco Ramírez, ha asegurado hoy que no se ha vulnerado ningún derecho de la patronal y los sindicatos en el proceso administrativo de fiscalización de los cursos de formación para ocupados de la convocatoria 2011, porque todavía no se ha cerrado.
El Gobierno de Extremadura informó ayer de que ha dado trasladado a la Fiscalía Anticorrupción un presunto fraude "a gran escala" con los cursos de formación de ocupados de la patronal regional (Creex), los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (Cepes).
Ramírez ha explicado hoy que el procedimiento administrativo aún abierto se apoyará en el informe definitivo de la auditoría, que detectó graves irregularidades.
Al poder ser constitutivas de delito, ha agregado, la Junta de Extremadura lo puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
Del informe provisional de la auditoría se dio traslado a las organizaciones que impartieron los cursos de formación para que hicieran las alegaciones oportunas, ha asegurado el dirigente popular.
A su juicio, es compatible el proceso administrativo que lleva a cabo el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), que puede dar lugar a la devolución de cantidades si se han cobrado indebidamente, con la vía penal.
Una vez finalizada el primero, la resolución del Sexpe podrá ser recurrida por la vía administrativa, ha apuntado.
Sobre las quejas de UGT y CCOO por las cantidades pendientes de cobrar de esos cursos, ha advertido de que en la anterior legislatura se percibían con dos o tres años de retraso.
Ramírez ha asegurado que el Gobierno de Extremadura investigará este tipo de cursos en años anteriores por su política de transparencia frente a la del "avestruz" que practica el PSOE.
En este sentido, ha demandado que los sindicatos y la patronal publiquen el salario que tenían los profesores que impartían los cursos y cuánto facturaban por ello a la Administración.
Sobre la carta de julio de 2012, desvelada hoy por CCOO, en la que el entonces secretario regional de Empleo, Sergio Velázquez, decía que "se habían hecho bien las cosas", Ramírez ha aclarado que la acción formativa se pudo impartir perfectamente y que otra cosa distinta son las cuentas.
El dirigente popular ha aseverado que el Gobierno de Monago no tuvo "capacidad de maniobra" y tuvo que ejecutar lo que había publicado el Ejecutivo socialista en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), firmado por la entonces consejera del área, Pilar Lucio.
Ramírez ha calificado de "subrealista" que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, se haya convertido en portavoz de los presuntos defraudadores y no les haya pedido ninguna explicación.
Ha planteado si García, al que ayer vio "bastante nervioso", tiene miedo a que se investigue algún curso de cuando era secretario regional de Comisiones Obreras.
