En el año 2011 el Gobierno de Extremadura destinó 7,8 millones de euros para formación de ocupados. De esta cantidad, la partida más importante fue para formación intersectorial, es decir, para patronal y sindicatos: un total de 6,8 millones de euros. De ellos, un 50% se destinó a la Creex (3.137.000 euros) y aproximadamente el otro 50% a los sindicatos, a repartir entre UGT Extremadura y CCOO Extremadura: es decir, cada uno recibió 1.830.000 euros. Dentro de la Creex existe además una subdistribución: la entidad de Badajoz (Coeba) se lleva el 50% de lo recibido por la patronal y Cáceres se reparte el otro 50% entre la cacereña, que se lleva, por tanto un 25%, y la placentina, que se lleva otro 25%.

En el informe de auditoría se constatan varias presuntas irregularidades: La primera es que en algunos casos hay vinculaciones personales entre los beneficiarios y los contratistas. Es decir, el propio beneficiario de la subvención contrataba a una empresa de la que él mismo era dueño. Esto no es un delito en sí mismo, siempre que se pida autorización a la Junta antes, que es quien da la subvención, y siempre que el precio que se factura sea acorde a las condiciones de mercado. Los sindicatos, por ejemplo, sí tienen esa autorización para sus empresas de formación y la patronal lo tiene también para algunas empresas concretas.

LIBRE COMPETENCIA Otro ejemplo de irregularidades: los tres presupuestos que se piden para contratar el curso, son de tres empresas del mismo administrador. Es decir, no hay libre competencia. En otro caso, por ejemplo, el mismo que se sienta en el Consejo de Dirección es el dueño de la empresa que da los cursos.

¿Cuál es por tanto la irregularidad? Que los gastos facturados sean superiores al coste real y que el coste real no se ajuste a las condiciones de mercado. Solo en la muestra del 10% que se analizó, que supone 313.000 euros del total, la diferencia entre coste real y coste facturado es de 148.000 euros, un 47% más.

Hay algunos ejemplos significativos: 1º) De una factura presentada a la administración por 69.000 euros, su coste real, el que han podido acreditar, sin embargo es 9.600 euros. Se llevaron un beneficio, por tanto, del 800%. 2º) En otra factura presentada por 35.000 euros, su coste real es de 12.000 euros. 3º) En otra de la entidad cacereña facturada por valor de 43.900 euros, su coste real era de 30.000 euros. Y 4º): en otra de la entidad placentina facturada por concepto de profesores por valor de 63.000 euros, su coste real es de 24.000 euros. En esta entidad placentina aparece otro dato a destacar: la misma persona que da la subvención en nombre de la entidad, se la da a una empresa de la que es administrador y encima se autocontrata a él mismo en esa empresa y a su hermano como profesores. En algunos casos, lo que no se justifica es el trabajo de profesores, al decir que realizan tareas de evaluación o tutorización. En muchos casos había más tutorías que clases.