La organización agraria UPA-UCE confirmó ayer que los abogados de su gabinete jurídico están preparando un recurso de apelación contra el auto judicial que ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza a su secretario general, Ignacio Huertas, y su secretario de Organización, Maximiano Alcón. Ambos están siendo investigados junto a otras cinco personas (cuatro de ellas también miembros de la directiva de UPA) por suspuestos delitos de pertenencia a organización criminal, fraude en subvenciones, blaqueo de capitales y falsificación de documentos.

Según informó ayer Efe citando fuentes de la Fiscalía de Mérida, el ingreso en prisión de Huertas y Alcón se dictó a petición del fiscal, al considerar que había «indicios claros» de delito. Ambos ingresaron en la madrugada del domingo en el centro penitenciario de Badajoz. En el recurso que se presentará ante la Audiencia Provincial de Badajoz, los letrados (no son empleados contratados por UPA pero sí forman parte de su gabinete jurídico) previsiblemente alegarán que no existe riesgo de fuga, de destrucción u ocultación de documentos, así como a la no gravedad de los hechos imputados. Desde la organización insistieron ayer en que el ingreso en prisión de Huertas y Alcón se trata de una medida «injusta y desproporcionada».

Los otros cinco investigados en la causa, y a los que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Mérida también tomó declaración, son Antonia Alcalá, vicesecretaria general; José Cruz, secretario de Acción Sindical y Agricultura; Miguel Leal, exsecretario de Organización; Ignacio Trejo, trabajador de la oficina de UPA en Losar de la Vera, y Juan Miguel Apolo, gerente de la empresa que se contrató para el asesoramiento. Todos quedaron en libertad con cargos y sin fianza, aunque se les retiró el pasaporte y tienen la obligación de comparecer cada 15 días en los juzgados. Después de quedar estos cinco detenidos en libertad, el ingreso en prisión de Huertas y Alcón fue una noticia nada esperada en el seno de la organización, que asegura que demostrará su inocencia. Todavía con los acontecimientos sin digerir y a la espera de recuperar la calma, todas las oficinas de UPA en la región abrieron ayer «con absoluta normalidad», destacaron fuentes de la organización.

Según la Guardia Civil, la investigación apunta que a través de «un sofisticado entramado financiero», UPA desvió fondos de 5.500 subvenciones de la UE para financiarse ilegalmente. Las ayudas estaban destinadas al asesoramiento agrario, un servicio «que no llegaba a darse o no se daba en las condiciones exigidas para otorgar las subvenciones», según la Benemérita. El instituto armado cifra el supuesto fraude en 1,8 millones. Las investigaciones comenzaron hace 10 meses, a raíz de la denuncia de un agricultor de Campo Arañuelo.