El Tribunal de Cuentas ha recomendado a Extremadura modificar la Ley de Hacienda regional e implantar medidas para la integración de los presupuestos de la Universidad de Extremadura (Uex) en los de la comunidad en el informe anual de fiscalización de la región en el ejercicio 2014.

Entre esas recomendaciones, la mayor parte de ellas incluidas en informes de años precedentes, también se encuentran el desarrollo reglamentario en materia de registro de cuentas de tesorería, planes estratégicos y patrimonio público del suelo; la dotación de presupuesto y contabilidad propios para las entidades públicas con personalidad jurídica independiente; o la rendición de cuentas en un plazo más ajustado.

El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el 'Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2014', en el que se recogen los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Comunidad y las entidades que integraban su sector público durante el ejercicio estudiado.

La fiscalización analiza, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Extremadura del ejercicio 2014, la estabilidad presupuestaria, los mecanismos extraordinarios de financiación e instrumentos de lucha contra la morosidad, la gestión de los gastos de personal, la actividad subvencionadora, el gasto sanitario y el endeudamiento financiero, entre otros aspectos.

De las conclusiones expuestas en el Informe de fiscalización cabe destacar que la Cuenta General de Extremadura correspondiente al ejercicio 2014 fue rendida al Tribunal el 30 de octubre de 2015, dentro del plazo legalmente establecido.

Con carácter general, las cuentas anuales que la integran se presentaron de conformidad con los principios y las normas contables de aplicación, "sin perjuicio de las salvedades y observaciones" que se exponen en el informe, según ha informado el Tribunal de Cuentas.

Así, el informe señala que Extremadura mantiene la práctica de integrar, en el presupuesto y en la Cuenta de la Administración General, los presupuestos y las cuentas de cuatro entes públicos, así como los de tres organismos autónomos. Esto supone que la representatividad de las cuentas de la Administración esté "distorsionada", así como "impide el análisis particularizado" de la contabilidad de dichas entidades con personalidad jurídica independiente.

Ausencia de módulos del sistema contable

Por otra parte, la ausencia de un desarrollo de algunos módulos del sistema contable "condiciona" las deficiencias de información que se han detectado en la memoria rendida por la Administración General.

El Consejo de Gobierno de Extremadura tuvo que resolver veintidós expedientes con motivo de las discrepancias mostradas por los órganos gestores con los reparos que había formulado la Intervención General de la Comunidad o por omisión de la fiscalización previa.

Pese a que en el ejercicio anterior el remanente de tesorería fue negativo, por un importe de 166 millones de euros, durante el ejercicio 2014 se han financiado incorporaciones de crédito con remanente de tesorería por un total de 18 millones de euros.

Por otra parte, el 97 por ciento de las modificaciones por mayores ingresos se financia con compromisos de ingresos de los que no se acredita que se haya realizado su adecuado seguimiento.

Respecto al presupuesto de gastos de la Administración General, la fiscalización observa que existe una "infravaloración" de las obligaciones reconocidas, por un importe de 56 millones de euros.

Esta cantidad se debe, "fundamentalmente", a una "inadecuada imputación" presupuestaria de la variación neta de pasivos financieros. Asimismo, la Administración General mantiene un saldo pendiente de imputación al presupuesto de 23 millones de euros; de ellos, 12 millones proceden de deudas por tributos locales, correspondientes a los ejercicios 2008 a 2012.

En relación con la ejecución del presupuesto de ingresos, el informe señala que los derechos presupuestarios del ejercicio 2014 se encuentran infravalorados en 14 millones de euros y, por otra parte, el importe de los deudores presupuestarios que se encuentran en riesgo de prescripción alcanza los 37 millones.