El pasado martes, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló que su compañía ha pedido más tiempo al Gobierno para poder decidir si solicita la renovación de los permisos para explotar centrales nucleares cuya licencia expira, a fin de conocer cómo se trata dentro de la política energética. Iberdrola es la principal accionista de la Central de Almaraz, con un 52,7% de la propiedad (el resto se reparte entre el 36% de Endesa y el 11,3% de Gas Natural Fenosa). Esta petición lega justo cuando la instalación cacereña tiene que comenzar oficialmente los trámites para renovar la licencia de su unidad I, y prolongar así su vida útil más allá de los cuarenta años. Una frontera que, en el plazo de poco más de una década, irán alcanzando todos los reactores que aún operan en España.
Sánchez Galán aseguró que su filial Iberdrola Nuclear España lleva años soportando importantes pérdidas debido a los grandes impuestos que gravan la energía nuclear en España. Indicó que «esto ha modificado el plan de negocio original» que tenía en esta área de actividad y arguyó que, al no saber cuándo desaparecerán las pérdidas, es complicado pedir permisos que se dan para plazos largos de tiempo. Añadió que la petición al Ejecutivo no es de años, sino de unos doce meses, para poder analizar la situación y conocer la política energética que va a aplicar el Gobierno.
«Antes de tomar cualquier tipo de decisión nos gustaría que se definiera la política energética» para no tomar decisiones que afecten a la cuenta de resultados de la compañía, apostilló el presidente de Iberdrola, quien dijo que hay que saber cómo se va a pagar el coste de la energía nuclear y ver si se puede generar algún beneficio.
