Voz unánime contra la limitación a la plantación de viñedos para cava. El pleno de la Asamblea aprobó ayer por unanimidad sendas propuestas del PP y el PSOE para la defensa de los intereses de la región ante la propuesta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Cava de prohibir durante los próximos tres años la autorización de nuevos cultivos para este espumoso en toda España. Ambos pusieron de manifiesto «el potencial» del sector en Extremadura y su capacidad para generar empleo y riqueza, abogando también por una decisión «consensuada y equilibrada». Coincidencias que no evitaron que cada una de las propuestas se debatiera por separado y que los dos partidos cayeran en un cruce de reproches.

El PSOE pidió que el Gobierno central muestre su negativa a la limitación de plantar nuevos viñedos para cava y el PP instó a la Junta a negociar con el Ejecutivo de Mariano Rajoy una posición común de rechazo. La propuesta de los populares incluye además la elaboración de un informe técnico en la Universidad de Extremadura (Uex) para «combatir con las mismas armas» los argumentos de la DO, apoyados entre otros en un estudio de la Universidad de Tarragona. Al respecto, la diputada del PSOE María Teresa Macías recordó que los informes presentados por las regiones no son vinculantes y preguntó al PP si es que no se cree los que han elaborado los técnicos de la Junta y el propio sector.

Pese al voto afirmativo de los socialistas, la diputada señaló que la propuesta del PP «llega tarde y con el paso cambiado» respecto a la estrategia que la Junta ya ha diseñado con los viticultores. Acusó a los populares de «hacer el caldo gordo» al ministerio, pues a su juicio ya conocen la decisión del Gobierno y saben que no beneficiará a la región. Macías lamentó además el retraso de la misma al 2 de enero, convirtiendo así el tema en una cuestión política.

A juicio de los socialistas, el debate sobre la limitación a los nuevos cultivos está «en el miedo que tienen algunos» a la competitividad de los productores extremeños, «que están haciendo las cosas muy bien». Por ello exigen «presión desde la unidad». «Los intereses de la DO pueden ser legítimos, pero no generales, y quien tiene que poner equilibrio es el ministerio», alegó Macías.

Desde la bancada popular, el diputado Francisco Ramírez negó que se vaya a perjudicar a unos territorios frente a otros y al igual que el PSOE, abogó por la unidad. «El PP no va a hacer una guerra partidista», dijo. Alegó que las restricciones a la plantación de nuevos viñedos no están justificadas ni por una oferta excesiva de producto ni por la pérdida de calidad. De hecho, relaciona más esa mala perspectiva del mercado que aprecia la DO con la situación política de Cataluña que con los viñedos del resto de España, que apenas suponen el 4% del total. En el caso de Extremadura, 1.364 hectáreas. El popular destacó que el crecimiento del sector en la región ha sido «exponencial» al pasar de las 76.000 botellas producidas en 2004 a los seis millones que se prevén superar este año, una tendencia que se limitaría con la restricción.

Desde Podemos, la diputada Irene de Miguel advirtió que las limitaciones vienen marcadas por el objetivo de garantizar la calidad ante la entrada de nuevos actores en el mercado, pero también señaló que la solución no es restringir. A su juicio, se debe exigir calidad con un crecimiento sostenible «y ahí nos vamos a encontrar todos, no en un Cataluña contra España». Tras acusar al PP de querer convertir este problema en un «conflicto territorial», De Miguel abogó por que la decisión se tome en base a criterios técnicos aunque teme que será «salomónica» como ya ha dicho el ministerio.

La diputada de Cs, Victoria Domínguez, lamentó que PSOE y PP no hayan sido capaces de consensuar una propuesta común pese a compartir el fondo y criticó también al Gobierno por «dar largas» a su decisión para después de las elecciones catalanas.