La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cree posible alcanzar un pacto de estado por la Justicia para ofrecer un servicio de calidad, que sea apoyado por todas las fuerzas parlamentarias, pese a la situación política "por el problema en Cataluña y porque hay quien está pensando ya en elecciones anticipadas".

El comité ejecutivo de esta asociación se ha reunido hoy en Cáceres, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), y su presidente, Manuel Almenar, ha hecho hincapié en la necesidad de fortalecer la independencia del Poder Judicial, la dotación de los medios materiales y humanos y la creación de nuevas unidades judiciales.

"Todos somos conscientes de cuáles son los problemas de la justicia española, por eso, para trabajar en la renovación de una justicia del siglo XXI, formamos una comisión que empezó a trabajar en mayo", ha apuntado Almenar sobre el planteamiento de posiciones en cuanto a reformas legales en materia de justicia.

Según Almenar, los problemas básicos de la justicia son "fundamentalmente dos": su funcionamiento, que no tiene la agilidad ni la eficacia que se quisiera, y "la apariencia de politización, que provoca un problema de credibilidad".

Sin embargo, ha precisado que esa politización "luego no se corresponde con la realidad", porque la Justicia, al menos en lo que es la base, funciona con total independencia, aunque "basta esa apariencia para que la justicia caiga en el descrédito".

Por ello, incide en la importancia de que se contemple en ese futuro pacto la elección directa por los jueces y magistrados de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de procedencia judicial "como fórmula para garantizar la objetividad de los nombramientos y evitar cualquier sospecha de politización".

No obstante, ha reconocido que ahí "es donde más escollos" están encontrando a la hora de formular el citado pacto, puesto que "no todos los partidos políticos están a favor de esta posibilidad".

Preguntado por si la situación que vive el país, con el problema catalán o la ausencia de presupuestos, influirán negativamente para que cristalice este pacto de estado, Almenar ha aclarado que "la asociación está haciendo lo imposible para sentar a todos los partidos en la mesa" a dialogar.

"Queremos convencerles de que no eleven a la categoría de principio cualquier planteamiento, sino que hay que ceder para llegar a acuerdos", ha indicado, además de añadir que "hay quien está pensando ya en elecciones anticipadas",

Según la APM, que haya o no Presupuestos Generales del Estado "va a determinar" que haya una convocatoria de 300 plazas, de las cuales 200 pertenecen a jueces y 100 a fiscales.

"Cuando uno apoya o no los PGE tiene que valorar las consecuencias, porque si no hay creación de plazas y cada año se nos van jubilando compañeros, las consecuencias las podemos imaginar todos", ha aseverado.

Para evitar la sobrecarga de trabajo que se produce en los órganos judiciales, el colectivo propone aumentar "entre un 10 y un 15 por ciento mínimo" la plantilla de profesionales de la justicia.

De hecho, ha subrayado que mientras la media europea se sitúa en 21,6 jueces por cada 100.000 habitantes, en España apenas supera los 10 magistrados por cada 100.000.