«Si nos obligan a poner trabajadores, ya no sería rentable», subrayaba el portavoz del sector de las ‘low cost’, José Laín, cuando empezó al polémica por la nueva normativa. La realidad es que no se puede aún cuantificar cuánto costaría adaptar esta infraestructura para que fuera accesible, pero el modelo de negocio cambiaría radicalmente.