Incumplir esta normativa supondría una multa de carácter grave que podría llegar hasta los 15.000 euros. Pero la realidad es que la Junta no ha sancionado a ninguna estación de servicio de las llamadas ‘low cost’. Al principio se hizo la vista gorda y, posteriormente, el Gobierno central dijo que la normativa extremeña invadía competencias estatales, y esta quedó en el aire.
