El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) atiende a 29.189 personas, el 87,5% de quienes tienen derecho reconocido y 3.607 personas más que al cierre de 2017, un sistema que empieza a dar síntomas de «estabilización» por el aumento de revisiones de grado frente a nuevas valoraciones.
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, hizo ayer balance de la dependencia en Extremadura al cierre de 2018, afirmando que la región es la cuarta con mayor tasa de personas atendidas, mientras que la lista de espera de las que están pendientes de atender con derecho reconocido es de 4.152, un descenso del 43,41% con respecto al año anterior (5.413 personas menos) y desde el inicio de la legislatura, cuando había 12.817, se ha reducido en un 68%.
El número de personas con solicitud vigente para acceder al sistema al cierre de 2018 asciende a 54.680 personas, un 0,3% más que en el mismo mes de 2017, con una media de 23 nuevas solicitudes al día, y Extremadura, con 5 solicitudes por cada 100 habitantes, es la segunda comunidad con mayor número de solicitudes de España.
El 85% de las solicitudes presentadas están valoradas (46.533 personas) y el año pasado se realizaron 8.803 valoraciones, de las que una de cada tres fueron revisiones de grado, algo que es «la primera vez que se produce en la región en este volumen» pues hasta ahora «la mayoría de las valoraciones eran nuevas».
Vergeles, según informa EFE, subrayó que esto indica que el sistema da «síntomas de estabilización», pues se está llegando a una situación en la que «probablemente no crezca mucho más el número de nuevas solicitudes», mientras que los que ya han sido valorados «están empeorando porque están envejeciendo y, por tanto, requieren de una revisión».
Respecto a las personas pendientes de valorar, al finalizar 2018 había 8.147, lo que supone 1.391 más en relación al año anterior y 4.850 más respecto a mayo de 2015, según Vergeles, por el aumento de las solicitudes de revisión de grado y la «prioridad» dada a las personas pendientes de atender.
Para abordar esto, la consejería ha diseñado un plan que estará activo a partir del 1 de marzo de este año basado en dos ejes, uno de ellos reforzar la central de llamadas para «tener al día las solicitudes y ser más ágiles en la valoración».
En segundo lugar, se implantará la «visita única» en la valoración de la persona gracias a una mayor coordinación, pues ahora se realizan varias hasta recabar todos los datos sociales y sanitarios que se precisan.
Remarcó que el pasado año se atendieron 7.776 personas nuevas y se incorporaron 3.607 beneficiarios netos al sistema (tras comparar altas y bajas), un 14,1% más en relación a 2017 y la mayor subida anual desde el año 2010. Desde el inicio de la legislatura, 7.448 personas más están siendo atendidas, un 34,3% más.
El 79% de las prestaciones están destinadas a la atención del beneficiario mediante servicios profesionales y el 21% restante son prestaciones económicas para atención en el seno de la familia.
El consejero dijo que la Junta revisará todos los convenios con los ayuntamientos sobre la ayuda pública a domicilio para adaptar el salario al SMI, con un aumento de los siete y pico a diez euros por hora; y se pondrá en marcha un decreto que regule el sector, para que las empresas que prestan esta ayuda no firmen convenios colectivos por debajo del nacional, como se ha detectado.
Vergeles defiende que la inversión en dependencia es de «justicia social» y supone «un importante nicho de empleo», pues por cada millón de euros invertidos, se generan 45 empleos directos.
Y a propósito del rechazo de los partidos a los presupuestos del Estado, considera que «han dicho no a 24 millones que venían a Extremadura y que hubiesen permitido incorporar a 6.000 personas, absorber toda la lista de espera, y han dicho no a 1.000 puestos de trabajo nuevos en el sector de la dependencia en Extremadura».
