La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) mostró ayer su malestar por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de suspender cautelarmente el decreto de especies de la comunidad, lo que puede dar pie a dejar en suspenso la actividad cinegética en la comunidad tras una petición del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma).
El presidente del colectivo, José María Gallardo, matizó que la caza «no se ha prohibido» puesto que la orden de vedas no se ve afectada por ese auto judicial, que a juicio de Gallardo, «es subjetivo» y desprende «un desconocimiento absoluto de la actividad cinegética. Se ha invertido el derecho de la prueba y no es PACMA quien tiene que demostrar que su acusación es cierta, sino los cazadores quienes tienen que defender su inocencia», recalcó ayer a este diario.
Para Gallardo, en todo caso, la situación en Extremadura «no tiene nada que ver», puesto que en la región la actividad cinegética está monitorizada desde hace varios años. Además de la orden de vedas, según detalló, hay un plan general de caza, datos estadísticos que aportan cada año los cotos de caza y un informe que se presenta también cada año y en el que «se realiza una evaluación pormenorizada de la situación de las especies. La actividad está perfectamente justificada», aseveró.
