La inversión extranjera directa en España marcó un nuevo máximo en el 2018, con 46.828 millones de euros, un 71% más que en el ejercicio precedente. Eso fue en términos brutos, pero también en los netos —una vez descontadas las desinversiones—, el volumen de capitales que llegó a España fue de récord, con 39.747 millones, y un 153% de auge, superando los niveles precrisis. Hasta ahora el máximo era el del 2008, con 26.366 millones netos.
Esta evolución contrasta con la seguida en Extremadura donde, a la espera de que se acaben materializando proyectos como el macrocomplejo de ocio en Castilblanco o la azucarera de Mérida, la inversión productiva procedente del exterior sigue siendo muy escasa. El año pasado apenas si se contabilizaron 12 millones de euros, el desembolso más bajo entre todas las regiones. Fue la mitad que en el 2017, una quinta parte que en el 2016 y la peor cifra desde el 2008, cuando fueron cuatro millones.
El máximo de la serie histórica lo marca en la región el 2014, con 250,6 millones de euros, de los que 235 tenían a Luxemburgo como país de origen inmediato de la inversión —junto a Países Bajos, es uno de los principales en cuanto a tránsito del capital internacional—. Se trata del año en el que el Grupo Gallardo Balboa vendió la cementera de Alconera a la sociedad de capital-riesgo estadounidense Kohlberg Kravis Roberts (KKR). En la última década, han llegado a la región 535,85 millones de euros en total.
Dentro de los flujos de inversión exterior directa publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se incluyen las operaciones relativas a distintas formas de participación en el capital de las empresas, siempre que con ellas el inversor busque conseguir un control o influencia en la dirección y administración de la compañía. En la práctica se considera que se consigue ese control cuando la participación alcanza o supera el 10% del capital de la empresa. Por este motivo, se le presupone mayor estabilidad a la inversión y también que pueden generar efectos económicos directos en términos de empleo o de activos fijos.
«En líneas generales, la clave está en la falta de ambiente empresarial que hay en la región», esgrime Ramón Rivera, decano del Colegio de Economistas de Extremadura, a la hora de explicar el porqué de esta escasa capacidad de atracción de capitales extranjeros. Rivera incide, por un lado, en la poca valoración que sigue teniendo aquí la figura del empresario, por lo que defiende que «hay que cambiar de chip», dejar a un lado «el conformismo» y fomentar la cultura emprendedora.
Por otro lado, añade, las «circunstancias físicas reales» siguen jugando en contra. «Necesitamos mejores comunicaciones, conseguir el corredor del sudoeste, el tren de alta velocidad, alguna autovía más, como la Badajoz-Cáceres, o un mejor acceso a los puertos de Portugal», remarca.
De los algo menos de 12 millones de inversión directa extranjera que llegaron a Extremadura el año pasado, en 10,8 era Francia el país donde residía el titular directo de la inversión. La práctica totalidad del resto se reparte entre Portugal (0,6 millones de euros) y Andorra (0,4 millones)
DESINVERSIÓN / En cuanto a la desinversión extranjera, entendida como la venta de participaciones en capital, en liquidaciones, u otros siempre que el inversor extranjero transmita su parte a un residente, esta ascendió a cinco millones de euros en Extremadura el año pasado.
La distribución autonómica de la inversión extranjera presenta habitualmente un alto grado de concentración, de acuerdo con la ubicación de la sede social de las empresas. Al situarse esta fundamentalmente en Madrid y Cataluña, estas reciben tradicionalmente en torno al 80% de la inversión total. «En el año 2018, el 85% de la inversión total se ha concentrado en Madrid frente al 6,4% en Cataluña. Esto se ha debido, en parte, a las consecuencias resultantes de los movimientos secesionistas del 1-O, a partir del cual un gran número de empresas han trasladado su sede de Cataluña a Madrid», precisa el ministerio en su informe. En tercer lugar, y también con un importante retroceso —del 64%—, aparece el País Vasco.
