La juez titular del Juzgado número 4 de Badajoz ha acordado el archivo de las diligencias previas derivadas de la querella presentada por La Unión de Agricultores y Ganaderos contra la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, a raíz de una protesta con tractores el pasado 19 de diciembre en Mérida.
La querella fue presentada por un presunto delito de prevaricación administrativa y contra los derechos individuales al entender la organización demandante que García Seco había vulnerado el derecho de los manifestantes al modificar el recorrido de la tractorada, que inicialmente estaba previsto que finalizara en el centro urbano de la ciudad.
La titular del juzgado considera que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna, informó ayer la Delegación del Gobierno. Sin embargo, La Unión ya ha anunciado que recurrirá el archivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
El auto sostiene que García Seco, una vez conoció el informe de la Policía Local de Mérida ante la existencia de una situación de alarma antiterrorista nivel 4 --derivada de ataques en Estrasburgo-- y la proximidad de las fechas navideñas, se vio obligada a actuar, tras el asesoramiento jurídico correspondiente, buscando garantizar el derecho de los manifestantes a exponer sus reivindicaciones pero también para proteger la seguridad de los ciudadanos.
RESPONSABILIDADES / En el auto, y según lectura de la Delegación del Gobierno, se establece que «no se puede atribuir ninguna responsabilidad» a la delegada respecto a la tardanza en la emisión del informe policial; que no hubo intención de impedir el ejercicio de reunión y que esta resolución se hizo por parte de García Seco con una interpretación de la norma sobre una base razonada y suficiente.
De hecho, consideró adecuado dictar la resolución indicada asegurándose, además, de que llegara a conocimiento de la parte convocante pues se le notificó además de por vía ordinaria, a través de la Guardia Civil esa misma tarde.
Sobre una presunta actuación contra los derechos de los manifestantes el auto señala que la resolución del 18 de diciembre recoge expresamente la posibilidad de hacer una marcha a pie hasta la Presidencia de la Junta para entregar sus reivindicaciones al presidente y, si no lo hicieron, «fue por su exclusiva voluntad».
Entiende el auto que no se impidió el derecho de reunión y manifestación de los convocantes y que se les dio la oportunidad de entregar su tabla reivindicativa al presidente de la Junta como habían comunicado que era su intención.
Por último, el auto desestima también las presuntas coacciones afirmando que ni se empleó, ni se ordenó que se empleara violencia de ningún tipo para impedirles el ejercicio de su derecho de reunión y manifestación.
La Unión, que recurrirá el archivo, ha pedido la testifical tanto del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, como del secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Gutiérrez, «a fin de depurar las posibles ilegalidades» que pudo haber expuesto el jefe de la Policía de Mérida.
