Más de 1.500 víctimas de violencia de género cuentan con seguimiento policial en Extremadura, entre ellas mujeres «muy jóvenes que viven en el medio rural», lo que dificulta las labores de protección. Así lo explicó ayer la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, junto la delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, en la inauguración de la I Jornada contra la Violencia Sexual en Extremadura, que se celebró ayer y sigue hoy en la capital autonómica.
En su intervención, la consejera puso en valor la legislación «extraordinaria» y el Pacto de Estado contra la violencia de género, como instrumentos «muy potentes» para erradicar esta lacra, pero considera necesario evaluar el sistema para revertir el número de víctimas.
Según Rosiña, la región cuenta con una red de protección que funciona «muy bien» ya que Extremadura fue «pionera en el desarrollo de medidas de atención a las mujeres incluso antes de que hubiera avances legislativos a nivel nacional como los que existen hoy».
ADOLESCENTES / Entre los temas que se han abordado, destacan los tipos de violencia sexual y sus consecuencias; ciberviolencia sexual; cómo afecta la violencia sexual a los adolescentes; el acoso sexual en el trabajo; la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual o la atención a las víctimas en la región.
Esta iniciativa, organizada por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), está dirigida a trabajadores del ámbito social que intervienen en el proceso de detección y recuperación de la violencia de género, entre ellos, policías, médicos, abogados, psicólogos o trabajadores del Imex y también futuros profesionales como los estudiantes del módulo de Igualdad.
Gil Rosiña destacó que no hay antecedente de acuerdo entre todas las fuerzas políticas «semejante» al Pacto de Estado contra la violencia de género, dotado con recursos económicos suficientes para su ejecución y con una comisión de seguimiento y evaluación, siendo «la piedra angular para luchar contra las violencias machistas».
