Además de la poca dispensación y la política de precios bajos que el Gobierno lleva años aplicando, otro de los factores que amenaza el futuro de la farmacia rural son las condiciones laborales que tienen que sufrir muchos profesionales: una farmacia es un servicio público esencial (en estos municipios, el único) y en numerosas ocasiones sus titulares están sometidos a unas pésimas condiciones laborales, con guardias casi continuas que impiden la conciliación familiar y empeoran su calidad de vida.
Al respecto, la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), explica que las guardias de los farmacéuticos no están remuneradas y que hay farmacias rurales en las que la mitad del año la misma persona tiene que estar de guardia. «Esto es casi una esclavitud del siglo XXI», señala en declaraciones a Europa Press María Luisa Alarcón, vocal de la junta directiva de Sefar, que recuerda que el cierre de una farmacia es «un fiasco» tanto para los farmacéuticos como para la población que vive en la zona, generalmente personas mayores.
Alarcón añade además que a menos población, menor volumen de negocio y menor remuneración», por lo que muchos profesionales optan por garantizarse un futuro mejor en poblaciones mayores
Por todo ello, desde la organización se ha solicitado al sector farmacéutico que se establezca un fondo de compensación capaz de garantizar el modelo farmacéutico actual, y a las administraciones que remuneren las guardias y se les den más funciones y reconocimiento a los farmacéuticos rurales.
«La farmacia rural debería convertirse en el auténtico punto de salud, ya que el farmacéutico rural tiene un papel en estas poblaciones que va más allá de la mera dispensación de medicamentos, convirtiéndose en el auténtico referente sociosanitario de la zona», recalca Alarcón.
