El incremento del 2% en las nóminas de los empleados públicos de la Junta de Extremadura está en el aire. La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, aseguró ayer que con el presupuesto regional actual no se puede aplicar el aumento salarial y emplaza a los sindicatos a una reunión para analizar posibles ajustes en las mejoras de las condiciones sociolaborales de los empleados públicos «que no tienen otras comunidades» para poder aplicar la subida salarial.
En la Mesa General de Negociación, celebrada en Mérida, se refirió en concreto, aunque sin entrar en detalle, a congelar algunos de los acuerdos alcanzados en la región en 2018 para la recuperación de los derechos de los empleados públicos como el reconocimiento y abono de la carrera profesional para los trabajadores de la administración y de la sanidad y al aumento de horas lectivas en el sector educativo (pasar de 18 a 19 horas de jornada lectiva semanal).
Aunque las cuentas de la Junta para el 2020 han crecido un 3,6% respecto al año anterior, esta subida de las nóminas aumentaría un 7% el capítulo 1 de los presupuestos (unos 40 millones más en gastos de personal), «por lo que en estos momentos no es asumible la subida». La consejera insistió en que la Junta quiere cumplir con el acuerdo estatal, pero advirtió que sin ajustes no será posible. En todo caso la subida se aplicaría con efecto retroactivo desde el 1 de enero del 2020.
EL DÉFICIT / Blanco-Morales precisó que Extremadura incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria (según la previsiones el ejercicio del 2019 se cerrará con un déficit del 1% del PIB, por encima del límite establecido) y que el acuerdo estatal, rubricado por el Gobierno central y los sindicatos, vincula la subida salarial al cumplimiento de dichos objetivos. «Lo importante es que la Junta quiere subir el 2% a todos los empleados públicos pero haciendo ajustes en otros aspectos que tendremos que analizar conjuntamente para llegar a un acuerdo asumible, con un calendario que sea acorde a la evolución de la situación económica y donde todos tenemos que realizar esfuerzos», aseguró.
Para ello, la consejería ha convocado una nueva Mesa General de Negociación el próximo miércoles (a las 11.30 horas) para analizar la situación y estudiar las medidas que se pueden llevar a cabo. Sin embargo, los sindicatos representados en este foro (CSIF, CCOO y UGT) no parecen dispuestos, a priori, a negociar ningún «recorte» y anuncian movilizaciones para la próxima semana.
«Ha sido una gran decepción porque esperábamos que fuera una mesa de puro trámite y nos hemos llevado una sorpresa», señaló Benito Román, presidente de CSIF. Este sindicato ya tenía prevista una concentración para el 4 de febrero a las puertas de Presidencia, en Mérida, y mantiene la convocatoria. «Ha sido como volver a los recortes del 2010 y el 2012, un auténtico deja vu, y vuelven a ser los empleados públicos los paganinis». Por eso exige que la Junta recapacite de cara a la reunión del miércoles. «No estamos dispuestos a negociar ningún tipo de recorte porque los empleados públicos no tienen la culpa de lo que está ocurriendo en las arcas de la Junta», insiste Benito.
COMPROMISOS
El sindicato UGT tampoco aceptará ajustes. «Queremos que se aplique inmediatamente la subida del 2%, sin recortes, y que se haga con carácter retroactivo. Pedimos a la Junta que recapacite», aseguró ayer José Ignacio Luis Cansado, responsable de Acción Sindical de UGT. Por su parte, el portavoz del área pública de CCOO, Francisco Jiménez, se mostró «preocupado» y señaló que «no vamos a consentir que se incumplan los acuerdos firmados en 2018 con las organizaciones sindicales y que los empleados públicos se queden sin su subida salarial», por lo que exige que en la nómina de abril se abonen las cantidades comprometidas desde el pasado 1 de enero.
Tras la Mesa General se informó de la situación a las distintas mesas sectoriales de la Junta (administración, educación y sanidad) y las reacciones de los representantes sindicales fueron por el mismo sentido. El sindicato ANPE aseguró que «no vamos a ser partícipes ni cómplices con cualquier tipo de recorte a los docentes, el colectivo más castigado». Desde PIDE tildan la situación de «decepcionante» y proponen que para disponer de la liquidez necesaria la Junta acabe con las contrataciones a dedo de asesores de las empresas públicas o suprima los conciertos educativos con los centros privados «que cuestan 82 millones al año».
Por su parte, para Sgtex «es un despropósito que se nos obligue a optar entre la subida del 2%, insuficiente a todas luces, o la percepción de los abonos de la carrera profesional ya reconocida».
FALTA DE MÉDICOS
Desde el ámbito sanitario, Saste aseguró ayer que «no va a asumir que para poder cumplir los pactos de la Mesa General se traspasen partidas presupuestarias en detrimento del SES y de los profesionales de la sanidad extremeña». Y Simex recordó a la Junta que «parece no enterarse de que también hay déficit de médicos» y esta medida «aumentará la diferencia salarial de los médicos extremeños con los de otras comunidades y dificultará la cobertura de las plazas vacantes».
