Ya son 160 interinos docentes extremeños los que han solicitado que les sea aplicada una sentencia firme, de un juzgado de Mérida, que reconoce a un interino que debía haber sido contratado desde el 1 de septiembre y obliga a la Consejería de Educación a reconocerle los derechos administrativos y económicos de esos primeros días de curso que no fue contratado, con una retroactividad de cuatro años. Ese fallo particular, defendido en los tribunales por los representantes del sindicato PIDE, ya se ha ejecutado y hasta el próximo 3 de mayo está abierto el plazo para que aquellos que estén en la misma situación puedan solicitar la extensión.
La postura de la administración educativa, que en un primer momento se mostró dispuesta a aplicar de oficio dicho fallo, es ahora recurrir las extensiones de sentencia que se presenten. Sin embargo, la justicia continúa dando la razón a los docentes interinos con vacante para todo el curso completo.
En un nuevo auto, notificado el pasado miércoles, el juzgado de Mérida que emitió aquel fallo firme rechaza el recurso presentado por la Consejería de Educación contra una de esas peticiones de extensión de sentencia y condena en costas a la administración. El magistrado no considera una traba la última sentencia del TSJEx, del pasado enero, que da la razón a la Junta en su recurso contra otro fallo ganado por CSIF referido a este curso en concreto. De hecho, este nuevo auto defiende que se contraviene la jurisprudencia sobre la normativa de la UE de trato desigual a los interinos sin causa objetiva suficiente.
Así las cosas, desde el sindicato PIDE denuncian que la Consejería de Educación continúa «incumpliendo con sus funcionarios y sigue recurriendo a la vía judicial». Apunta que este último auto es claro: «los interinos han de incorporarse el 1 de septiembre como sus compañeros funcionarios de carrera. Y los motivos económicos de ahorro presupuestario (que defendía la administración para recurrir) tampoco prosperan ya que el derecho a la igualdad de trato es superior».
Por ahora, ya hay 160 extensiones de sentencia solicitadas en el juzgado, pero PIDE estima que se acumularán muchas más «y producirán un atasco considerable gracias a la irresponsable actitud de la consejería».
