Empresarios y transportistas extremeños muestran su frontal rechazo a la idea de implantar peajes en las carreteras españolas, iniciativa que forma parte del paquete de reformas que el Gobierno ha trasladado a la UE para la recepción de fondos comunitarios asociados al plan de recuperación. Una medida que, de implantarse, consideran que podría ser especialmente lesiva para una región que, además de ser periférica --lo que obliga a desplazamientos más largos-- y tener una menor renta per cápita, no cuenta con una alternativa ferroviaria adecuada.
A juicio de Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), estos peajes supondrían un lastre más «a la ya de por sí altísima presión fiscal» que soportan los extremeños y un coste añadido que mermaría la competitividad de las empresas, perjudicando «gravemente» a la economía.
A falta de otras alternativas, el 85% del transporte de mercancías se realiza en la región por carretera, arguye, con lo que el sobrecoste no solo impactaría con fuerza en el transporte profesional sino en todos los sectores, convirtiéndose así «en un factor de disuasión de la movilidad en una región tan extensa y con tanta dispersión poblacional, perjudicando al consumo, la prestación de servicios o el turismo, por ejemplo, y todo ello sin grandes beneficios recaudatorios, dado el nivel de renta per cápita de Extremadura».
«Sería un factor de disuasión de la movilidad en la región, perjudicando al consumo, la prestación de servicios o el turismo»
Desde el Gobierno se ha puesto como una posible fecha para arrancar con los peajes el 2024, condicionándola a que la mejora de la situación económica haya comenzado. De aplicarse en las autopistas, autovías y carreteras nacionales con más de dos carriles, afectaría como mínimo a los algo más de setecientos kilómetros de autovías que recorren la región, fundamentalmente de la A-5 y la A-66, pero también de la A-58 (Caceres-Trujillo) y de las dos autovías autonómicas.
En cuanto al coste, desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media por kilómetro sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras, si bien parece que el Ejecutivo estaría barajando por el momento establecer un céntimo por kilómetro, con lo que un viaje entre Cáceres y Madrid significaría unos tres euros adicionales de coste, cuatro si se partiese desde Badajoz, por ejemplo.
«Es una barbaridad y una medida completamente irracional. El transporte está pagando impuestos constantemente»
Para Peinado los precios de peaje que se manejan, aunque sean a título especulativo u orientativo, son «desorbitados» y al encarecer la salida y llegada de productos tendrían efecto en los costes de producción, mermando la competitividad incluso de las empresas más dinámicas. En este punto, llama la atención sobre el impacto en el sector primario, «con gran peso en la economía extremeña, y que mueve muchísima carga al cabo del año. Penalizar estos movimientos les va a suponer un sobrecoste que no puede asumir».
Como una «barbaridad» y una «medida completamente irracional» califica estos peajes Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes de Extremadura (Asemtraex). «Estamos pagando continuamente impuestos», argumenta, para preguntarse a continuación adónde van a parar los miles de millones que cada año este colectivo desembolsa a través del Impuesto de Hidrocarburos que grava el gasóleo. Igualmente, incide en el daño que puede hacer en sector del transporte de viajeros, «que lleva un año parado» y enfrenta una situación crítica.
A estos profesionales, afirma, solo les va a quedar la alternativa de repercutir el sobrecoste a sus clientes. «Todo lo que se pueda trasladar en un camión es susceptible de una subida de precios», recuerda. De lo contrario, añade, solo quedará movilizarse. «En el momento en el que paremos el país, quizás nos empiecen a hacer caso», remacha.
Sector exportador
La fruta es uno de los puntales de la exportación extremeña. Pero aunque la mayor parte de las decenas de miles de toneladas de ciruelas, nectarinas o cerezas que se producen en la región acaben en países que muchas veces están en la otra punta del mundo, de Extremadura salen en el interior de camiones. En ellos viajan hasta los puertos de Sines, Algeciras, Huelva o Valencia. La posible imposición de peajes «es algo que nos preocupa a todos», reconoce Miguel Ángel Gómez, gerente de la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex). De hacerse realidad, «nos encarecería todo el proceso de transporte. Así que, o le intentamos trasladar el aumento al consumidor, que no es fácil porque nosotros dependemos mucho de las grandes cadenas o, si eso no es posible, con los escasos márgenes que hay, la venta se puede hacer inviable en algunos casos», aventura.
«De implantarse, o se intenta trasladar el coste al consumidor o, con los escasos márgenes que hay, la venta puede ser inviable»
Unidas por Extremadura también se ha opuesto a que se recurra a este modelo. Su portavoz, Irene de Miguel, cree que la propuesta «es un error tremendo y perjudica a la clase trabajadora extremeña». En este sentido, la formación morada entiende que esta medida es «regresiva» y «absolutamente discriminatoria». Para establecer medidas como esta de fiscalidad verde «debería de haber un sistema de transporte público sólido, que conecte y vertebre el territorio».
En esta misma línea, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha mostrado su desacuerdo con el plan del Gobierno, informa Europa Press. «Los automovilistas ya estamos financiando las infraestructuras de las carreteras y sería injusto que se cobrara, solo beneficiaría a las empresas privadas y concesionarias», esgrime.
