Hace justo un año la Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex) intentó hacer un estudio sobre los precios del agua. Y la realidad que se topó fue «tan caótica» que resultó imposible establecer una comparativa por municipios. Actualmente el precio del agua en Extremadura depende de muchos factores: las diferencias de calidad y suministro son evidentes entre zonas geográficas a la hora de trasladar su coste a la factura, que también se ve influida por otros aspectos como la proximidad o no de los recursos hídricos, los esfuerzos en la depuración o el alcantarillado. Para poner fin a esta situación y establecer un marco regulatorio común para toda la región, se impulsará la nueva Ley del Ciclo Urbano del Agua.
El borrador del texto se acaba de publicar en el Portal de Transparencia de la Junta y está en estos momentos en fase de consulta pública y sugerencias. Según recoge, la Administración autonómica regulará «criterios básicos» como los tramos y periodos de facturación, las bonificaciones que se aplican a los consumidores o los aspectos (fijos y variables) que deben gravarse en la factura del agua.
El ayuntamiento, por su parte, aprobará las tarifas a aplicar «en el marco establecido por la consejería con competencias». Además, el canon del agua (un impuesto autonómico que se creó en 2012 bajo el Gobierno del PP y que el PSOE prometió eliminar en 2015) se mantiene como fuente de financiación para las obras hidráulicas. Eso sí, con una «contabilidad diferenciada» del resto de tributos para «la mayor transparencia».
El objetivo es establecer un nuevo marco regulatorio del agua común y homogéneo, a la vez que se garantiza una similar calidad de suministro para todos los ciudadanos y la «transparencia» en el precio a través de un Observatorio del Agua. Todo se recogerá en el Reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Extremadura, cuya creación está recogida en la ley, y donde se detallarán los servicios básicos que se deben prestar; los objetivos y condiciones de calidad y control; los criterios básicos de tarificación y los derechos y garantías del consumidor. Los ayuntamientos, y también la Junta, deberán garantizar el acceso al agua para consumo humano a los colectivos más vulnerables.
Pero además de regular los precios, la nueva ley abarca otros ámbitos como la cogobernanza en la gestión del ciclo del agua y la lucha contra el cambio climático a través de un uso más racional y eficiente. Para esa gestión común se establecerá un «Programa de Cooperación e Infraestructuras del Agua» que se actualizará cada seis años y se someterá a evaluación ambiental junto a la planificación hidrológica de cada territorio.
Los municipios se verán «obligados» a participar en esta gestión colaborativa elaborando también cada seis años un plan para el uso eficiente de los recursos hídricos de los que disponen. Y aquellos cuyas redes de abastecimiento tengan un rendimiento «inferior al que se determine reglamentariamente», verán retirada la financiación autonómica en este campo si no ponen medios.
El PP habla de una "subida de tapadillo"
Ya en noviembre de 2019 la Asamblea de Extremadura aprobó una propuesta para instar a la Junta a elaborar una ley autonómica del agua. Partió de Unidas por Extremadura y contó con el respaldo del PSOE y la abstención de Ciudadanos. El PP votó en contra, al considerar que se coartaba la autonomía municipal. Y ahora que se ha publicado el borrador del texto, sus críticas van mucho más allá.
El líder popular, José Antonio Monago, ha afeado que el periodo de consulta pública de la ley se abra en pleno mes de agosto y denuncia que la intención de la Junta es aplicar una subida «de tapadillo» en el precio del agua, además de obligar a los ayuntamientos a asumir nuevas cargas y servicios.
Considera además que el texto invade «claramente» las competencias municipales, al recoger que corresponde a la Junta la regulación de las tasas de depuración y abastecimiento e incluso «limitar el crecimiento urbano o las ayudas a la financiación de las infraestructuras cuando el municipio tenga supuestos problemas de rendimiento en sus redes».
La Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad sin embargo, defiende que el objetivo de la ley es «situar el agua en el centro de la agenda política y social». Extremadura es una de las tres autonomías que no cuenta con una ley de aguas propia, aunque tiene una cuarta parte de la reserva nacional y que es un recurso clave para la economía regional. Tras la fase de consulta, el texto deberá pasar por Consejo de Gobierno para, posteriormente, iniciar su tramitación en la Asamblea.
