«Todos los recursos que sean necesarios» para «garantizar una correcta acogida de posibles personas refugiadas afganas» que lleguen a nuestro país. Es el compromiso que asegura tener la Junta tras el caos que se vive en Afganistán. El Gobierno manifestó ayer que varias comunidades habían mostrado su «voluntariedad», entre ellas la región extremeña.
Este ofrecimiento se hizo a través de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), que se puso en contacto con el Ejecutivo central a través de la Secretaria de Estado de Migraciones. Así es el trámite.
Desde el Gobierno extremeño subrayan que muestran de esta manera, como «en reiteradas ocasiones», su implicación con la defensa «del derecho internacional de asilo y con la necesidad de colaborar con el Estado es situaciones humanitarias complejas».
En otros casos, como la crisis migratoria en Canarias o la que se vivió en Ceuta recientemente, también se ofreció la misma colaboración, que no deja de ser cumplir con los principios básicos de los derechos humanos.
El centro de Mérida, cerrado
Habría que recordar que en esta predisposición juega un papel importante el centro de refugiados que gestiona Cruz Roja en Mérida, el cual atendía a una decena de migrantes; pero se cerró a mediados de julio y estas personas fueron trasladadas a Badajoz. Este cambio se justificó por «la reorganización de sus recursos por la caída de la ocupación», según explicaron en ese momento.
Quien también quiso pronunciarse ayer sobre la compleja situación de Afganistán fue la presidenta del grupo parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel: «No se puede permitir que se abandone a su suerte a las mujeres y niñas afganas. Extremadura debe poder acoger a las familias que huyen del extremismo islamista», manifestó.
Y añadió: «Los talibanes van a poner en peligro sus vidas con la violación absoluta de sus derechos y la comunidad internacional no debe mirar hacia otro lado».
