Segundo intento para las ayudas a la conciliación. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este miércoles una nueva convocatoria para este programa que surgió de la necesidad de la pandemia pero al que solo cinco familias se acogieron en el año 2020, a pesar de contar con un millón de euros de presupuesto. La propia consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha reconocido que el programa ha sido «un fracaso» y con la idea de mejorar, para esta nueva edición se han modificado las bases reguladoras: el umbral de ingresos para poder beneficiarse se eleva hasta los 4.500 euros mensuales y la cuantía de las ayudas se moverá entre los 200 y los 1.100 euros al mes. 

Según Gil Rosiña, en este tema «hay una realidad social que tiene que ver con la economía sumergida» y los hábitos que sitúan a la mujer en el centro de los cuidados familiares, en muchas ocasiones sin remuneración. Dos factores que resultan difíciles de cambiar «con un decreto», si bien este «segundo intento» tratará de ampliar el universo de beneficiarios. La finalidad de las ayudas es incentivar la contratación de personas para el cuidado a domicilio de los menores de 14 años o familiares de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

A la vista de los resultados obtenidos en la convocatoria del pasado año, en el que no se llegó al número de familias deseado, se pretende adoptar «una medida urgente» para alcanzar la necesaria conciliación y corresponsabilidad de las familias en este ejercicio, atendiendo a la evolución de la pandemia. Así, mediante el decreto ley 6/2021 se han introducido las modificaciones en las bases. 

Los cambios consisten, fundamentalmente, en incrementar los umbrales del Índice Público de Renta a Efectos Múltiples (Iprem) y las cuantías de las ayudas a conceder, a efectos, por un lado, de mejorar las condiciones de acceso a las mismas, ampliando el abanico de los posibles destinatarios de las mencionadas ayudas y, por otro lado, de hacer más efectiva la medida de conciliación perseguida.

De esta forma, se eleva a cuatro veces el Iprem establecido como requisito de rentas o ingresos brutos mensuales para el supuesto de familias monoparentales, que en las bases objeto de modificación se fijaba en 3 veces, y se incrementa a ocho veces el Iprem si la unidad familiar no es monoparental, cuando en las bases modificadas ascendía a seis veces. En la práctica, el tope de ingresos se eleva de los 3.384 hasta los 4.500 euros al mes. 

También se incrementa el importe de la subvención que, dependiendo del tramo y base de cotización de la persona empleada y el número de horas trabajadas al mes oscilará entre los 200 y 1.100 euros mensuales, cuando antes se situaba en un único pago en un rango de entre 300 y 900 euros.