El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a poner encima de la mesa a inicios de este mes la posibilidad de un traslado de organismos e instituciones dependientes de la Administración General del Estado desde Madrid a otros puntos de España. Una hoja de ruta que se confirmó en el reciente Congreso Federal del PSOE y que se justifica en un triple fin: hacer más operativa y eficaz a la Administración; la igualdad de oportunidades en todo el territorio; y fijar población en las zonas más castigadas por su pérdida.
Fines que, por otro lado, podrían respaldar también la disgregación de la Administración autonómica de los diferentes territorios. De momento, solo un puñado de regiones cuentan con unidades administrativas de primer nivel como son las consejerías fuera de su capital (Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Navarra). En Extremadura, el grueso de la la estructura se concentra en Mérida, sede también del legislativo autonómico, aunque las dos capitales de provincia albergan parte de ella, como sucede con las delegaciones provinciales de Educación. Cuentan igualmente con las sedes de otros organismos, en este caso de la Administración del Estado. Así, Cáceres acoge el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y Badajoz la Delegación del Gobierno. Ambas cuentan con delegaciones especiales de Hacienda y jefaturas de Tráfico.
«Carece de sentido que en pleno siglo XXI todas las instituciones tengan que estar en Madrid»
Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura (UEx), junto con otro docente de la Universidad de Murcia, Germán Teruel, son quienes plantearon hace unas semanas trasladar la sede del Tribunal Constitucional a Cádiz. «Creíamos que era una propuesta académica que no iba a tener mucho recorrido, pero el Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado una moción y lo va a solicitar formalmente al Gobierno», cuenta Moreno.
A su juicio, «carece de sentido que en pleno siglo XXI todas las instituciones tengan que estar en la capital. Eso se justificaba por la conformación histórica de nuestros estados, que hacía que tuvieran que estar situadas en torno a la presencia del rey. Pero hoy, con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información pueden estar perfectamente repartidas». Considera que este es el momento idóneo para acometer el cambio ya que «hay voluntad del Gobierno para que por lo menos las nuevas instituciones u organismos sí se repartan y existe bastante enfado en muchos territorios por el excesivo peso que tiene Madrid». Constitucionalmente, enfatiza, «no habría ningún obstáculo» para ello.
«Los ministerios sí que los dejaría en Madrid. Ahora bien, otras instituciones se pueden repartir siguiendo el ejemplo de Alemania. Puertos del Estado, ¿por qué no puede estar en Cartagena? El museo naval también está en Madrid, lo que carece de sentido, como sucede con la Confederación Hidrográfica del Tajo, un río que no pasa por allí», defiende. Reconoce que esta asignación sería mucho más factible con las entidades de nueva creación y que con las existentes la mudanza se complicaría en términos de personal e instalaciones, pero a su juicio también sería viable. «Si lo hacen las empresas, ¿por qué no se va a poder hacer con ellas?», cuestiona.
«Repartir servicios de la Administración está muy bien si se hace desde cero, pero volver hacia atrás tiene unos costes enormes»
En cuanto a cómo elegir los destinos más adecuados para cada institución, asevera, «se pueden «encontrar elementos objetivos» para ello. «¿Por qué pensamos que el Tribunal Constitucional debe ir a Cádiz?, porque es la ciudad de España más vinculada con nuestro constitucionalismo», detalla. Por contra, si el criterio dependiese del peso político y demográfico de cada autonomía «estaríamos en las mismas. Si lo que pretendemos es aumentar el grado de integración del conjunto de los territorios hay que atender a elementos objetivos de reparto», insiste. Y ahí Extremadura «debería ser protagonista», por su carácter periférico y transfronterizo, y por sus «problemas demográficos, alega, «aparte de que históricamente hemos sido una región muy maltratada por la administración general del Estado y con un déficit histórico de infraestructuras y de inversiones».
¿Valdrían también esos argumentos para las administraciones autonómicas? «Sobre todo en algunas comunidades en las que existe desde hace mucho tiempo una discusión sobre el exceso de protagonismo que tiene su capital, como en Castilla y León», replica Moreno. En el caso de Extremadura, matiza, en comparación a otras regiones está en una posición intermedia, «ni está excesivamente descentralizada ni excesivamente repartida». Igualmente, subraya, «tampoco el peso de la Administración autonómica es tan importante como para que pueda suponer cambios decisivos en las dinámicas económicas de las ciudades en las que se repartiese».
Poco eficiente y costoso
Desde una vertiente puramente económica, «repartir servicios de la Administración por diferentes sitios está muy bien si se hace desde cero, pero una vez que ya están funcionando, volver hacia atrás tiene unos costes enormes», sostiene Julián Ramajo, decano de la Facultad de Económicas y Empresariales de la UEx. «La palabra clave aquí es eficiencia. Se trata de una cuestión casi de economías de escala», añade este catedrático de Economía Aplicada.
Si la cuestión se plantea para el conjunto del Estado, hace hincapié en las «guerras» que se entablarían entre las diferentes comunidades para albergar los organismos en disputa. «Me temo que al final contaría más el peso político, quién gobierna en cada territorio, que cuál es el lugar más idóneo», aduce. Extremadura tiene, además, el hándicap de sus escasas comunicaciones ferroviarias y aéreas. «No pienso que estemos en condiciones de competir con otras comunidades. Tráete aquí comisiones de ministerios sin tener el AVE... No saldríamos muy beneficiados», pronostica.
«Desde el punto de vista funcional generaría muchos más problemas de los que tenemos. Madrid está muy bien comunicada con el resto de España»
Julián Mora Aliseda, catedrático de Ordenación del Territorio de la UEx comienza haciendo una precisión: Lo que se está planteando «no es descentralización, que es tomar decisiones a diferente niveles competenciales. Y España es ya un país descentralizado. De lo que están hablando es de desconcentración, que tiene un componente estrictamente espacial, no jurídico». Para él sería «un auténtico dislate» poner ministerios «en Galicia, Cantabria, Almería, Gerona o Badajoz» y recuerda que la distancia entre diferentes capitales españolas llega a superar con creces los mil kilómetros. «Desde el punto de vista funcional generaría muchos más problemas de los que tenemos. Madrid está muy bien comunicada con el resto de España y es el sitio donde más cerca se está de todos lados», esgrime este experto.
En la calle Corazón de María de Madrid, a cientos de kilómetros del mar, está situado el Instituto Español de Oceanografía. Solo en casos de este tipo, estima Mora Aliseda que tendría sentido la implantación o traslado de organismos estatales. «Las Vegas del Guadiana, por ejemplo, sería un lugar magnífico para un centro nacional de investigaciones agrarias», sugiere.
Su razonamiento es el mismo si se habla de mudar centros administrativos de la Junta. «Estamos en una región muy grande. Imagina tener que desplazarte desde Granja de Torrehermosa a Plasencia --pone como ejemplo-- . Y además, en una comunidad como la nuestra, que no tiene conexiones buenas de transporte público». En cambio, apostilla, los núcleos de población en los que reside «el 75% de la población extremeña están a 45 minutos o menos» por carretera de la capital autonómica.
«Lo importante no es tanto tener una consejería como descentralizar sus servicios»
Sobre la capacidad de fijación de población al territorio que conllevarían estos cambios también se muestra escéptico. «Al final, eso se ve en Extremadura con los maestros. Si les toca en un núcleo rural pequeño, se juntan tres o cuatro y van y vienen todos los días en coche. Si es en La Siberia, se quedan en Don Benito-Villanueva, y si es Sierra de Gata, en Coria». Y cuando el destino está en esas poblaciones mayores, «si están bien comunicadas, a menudo se van a la capital de provincia».
José María Ramírez puede valorar esta cuestión como alcalde de Almendralejo, pero también desde la experiencia que le da haber sido director general de Función Pública de la Junta durante la segunda mitad de la década de los noventa. Entonces, tocó abordar el traslado de los servicios de la Consejería de Agricultura desde las dos capitales de provincia. «Había departamentos en Badajoz y en Cáceres mientras que en Mérida estaban los directores generales y eso no era operativo», cuenta.
Con todo, y siendo un traslado que se hacía para ganar «eficacia» fue «complicadísimo» materializarlo. «Me entrevisté uno por uno con casi doscientos funcionarios que estaban en Badajoz o Cáceres para ofertarles que se vinieran a Mérida voluntariamente. Al final, muy pocos aceptaron. Y como era un proceso consensuado, se fueron creando estructuras en Mérida, pero la gente que estaba en Badajoz o Cáceres se quedó allí con plaza a extinguir», rememora. «Otro modelo fue el de la Consejería de Educación, donde las delegaciones provinciales tenían una fuerza muy grande y se mantuvieron», añade.
«Ayudaría con el reto demográfico y evitaría que una sola comunidad crezca a costa de todos»
Como alcalde de una de las principales ciudades extremeñas, aboga por que «lo importante no es tanto que pueda haber una consejería aquí, sino tener delegaciones para que la gente no tenga que ir a Mérida». Contar con una de la Agencia Tributaria o de la Tesorería de la Seguridad Social, cita en el caso de la Administración estatal, o con un punto de acompañamiento empresarial y oficinas que permitan a los instaladores sellar los boletines, en el de la regional, «importa más. Este tipo de descentralización creo que es la más práctica para el ciudadano, porque si al final en vez de ir a Mérida a una consejería tenemos que desplazarnos a Plasencia, tampoco le vería mucho sentido», incide. «Otra cosa son agencias u organismos que dependan de las consejerías y que tengan una cierta autonomía», indica Ramírez, que menciona la Estación Enológica, que depende de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta y que está situada en la capital de Tierra de Barros.
El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ve «con buenos ojos» la propuesta de sacar fuera de la capital del Estado parte de la Administración central «siempre y cuando suponga buscar verdaderamente las fortalezas de cada territorio» para acoger esas instituciones. «Además, la tecnología y los nuevos medios de comunicación nos permiten hacer esto de forma mucho más eficaz y que no suponga ningún problema», razona el alcalde de la capital cacereña, donde ya está previsto que se sitúe el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía (CNIAE).
«Desde luego, en Cáceres siempre estaríamos encantados de acoger instituciones del Estado», remarca Salaya, que destaca que este planteamiento tiene «la cualidad también de ayudar a combatir» la despoblación, a la vez que evita «que una sola comunidad crezca a costa de la riqueza de todos».
«Antes de empezar a descentralizar servicios habría que tener claro qué modelo de región queremos»
«Este no es un debate ni mucho menos nuevo», afirma, y agrega que «en el primer borrador de la Constitución» ya se contemplaba que pudieran «establecerse por ley servicios centrales en otras localidades de España», algo que «desapareció en las versiones posteriores». «El debate existía, pero seguramente lo que no hubo entonces fue la madurez política o del sistema territorial suficientes», concluye.
«Antes de empezar a descentralizar servicios habría que tener claro qué modelo queremos tener para Extremadura, que es lo que echamos en falta», asevera Benito Román, presidente de CSIF Extremadura. «Hay que pensar en cómo darle el mejor servicio a la ciudadanía. Y en ocasiones, no por llevarlo de una localidad a otra vas conseguirlo», resalta.
