Ayuntamientos y colectivos en contra de la mina de uranio en Extremadura celebran el carpetazo que el Tribunal Supremo ha dado a las aspiraciones de Qbis Resources para iniciar la investigación de un yacimiento de uranio en la Sierra suroeste. La inadmisión del recurso de la empresa eleva a firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), lo que supone dejar en vía muerta el proyecto, al menos bajo el permiso de investigación de recursos denominado Ansar número 06D12791-00, que autorizó inicialmente la Junta de Extremadura, anuló siete meses después y derivó en un litigio judicial con la empresa Qbis Resources y en un movimiento ciudadano en el que los pueblos de los terrenos afectados alzaron un ‘No a la mina’. 

En una providencia, el alto Tribunal considera que el recurso de casación que la empresa interpuso contra la sentencia del TSJEx, que validaba el procedimiento por el que se anulaba el permiso de investigación, «incumple las exigencias», «no justifica las infracciones» y carece «de interés casacional» e impone a Qbis resources las costas procesales.

Los ayuntamientos de Zahínos, Villanueva del Fresno, Oliva de la Frontera e Higuera de Vargas, junto a la plataforma Dehesa sin Uranio y las sociedades civiles de Cabra Alta y Baja, el Progreso y La Benéfica, han liderado la oposición al proyecto.

«Desde que conocimos la existencia de ese permiso sabíamos que plantear una mina de uranio a cielo abierto en una zona poblada era una locura», defiende José Carlos Costillo, portavoz de Dehesa sin Uranio. Eso fue el 2 de enero de 2019, hace más de dos años y medio: «Ha sido un camino largo, pero estamos muy satisfechos porque el objetivo que se perseguía se ha conseguido», añade. La primera respuesta de ayuntamientos y vecinos al permiso fueron seis recursos de alzada que la Junta de Extremadura estimó, lo que provocó el cambio de criterio por el que anuló el permiso en julio de ese mismo año. 

La mina de uranio en los tribunales

A partir de ese momento, se inició el proceso judicial con el que la empresa ha intentado que los tribunales le devolvieran la autorización para investigar la existencia de uranio en la zona, aunque el proyecto quedó ya condenado al aprobarse en 2020 la ley estatal de cambio climático que prohibía nuevos permisos de mina de uranio. 

«Este proyecto termina aquí, y después de la aprobación de la ley (de cambio climático) sobre la extracción de uranio en nuestro país, este tipo de solicitudes para minerales del tipo D ya no va a prosperar», apunta el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias. «Pero no nos olvidemos que el recurso sigue ahí, bajo la tierra, por lo que vamos a pedir a Enresa el sellado definitivo de la antigua mina de uranio y también vamos a pedir al Gobierno que lleve a efecto la ley», añade. 

Sobre la resolución del Supremo, «sentimos satisfacción pero sobre todo tranquilidad, porque finalmente se ha vuelto a demostrar que la razón solo tiene un camino. Me ratifico en lo dicho en todo este tiempo de que no es momento de seguir explorando en este mineral, que no es inocuo, y que no va acorde a los nuevos tiempos en los que se están empezando a desmantelar las energías nucleares y fomentar la energías renovables como la eólica o la fotovoltaica», zanja.

El alcalde de Zahínos, Gregorio Gallego, también expresó a través de sus redes sociales su satisfacción por la decisión judicial que tumba el proyecto minero: «Gracias a todos los que habéis trabajado por este asunto. Es un día muy especial para los zahineros en el que nos debemos sentir orgullosos del trabajo realizado». La empresa promotora de la mina no se ha pronunciado sobre la decisión judicial.   

FECHAS CLAVES

  • Enero de 2019: El DOE publica el permiso de investigación de recursos de Sección D (uranio) Ansar, n.º 06D12791-00 sobre 286 cuadrículas para Qbis Resources. Los pueblos afectados recurren.
  • Julio de 2019: La Junta estima los recursos y anula el permiso de investigación. La empresa acude a los tribunales. 
  • Octubre de 2020: El TSJEx considera válido el primer permiso otorgado a Qbis Resources. Tras el recurso de Junta y ayuntamientos, lo rechaza en marzo de 2021. La empresa recurrió al Supremo.