«Les preguntan dónde y en qué trabajan, que si tienen dinero, les piden una tarjeta de crédito y les aseguran que han de pagar por la atención médica. La única documentación que necesitan presentar es una copia del padrón y otra del pasaporte compulsado; con eso es suficiente para que les den la tarjeta sanitaria. Pero la actitud de algunos funcionarios es hostil y racista, y lo que hacen es poner obstáculos». Es la denuncia de Maryórit Guevara, nicaragüense afincada en Mérida, que está al frente del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura y también forma parte de la asociación Malvaluna. Guevara asegura que en las últimas semanas han tenido conocimiento de al menos seis casos en Cáceres y Mérida en los que mujeres en situación irregular han tenido dificultades para poder sacarse esta tarjeta sanitaria a la que tienen derecho.
La ley dice que una vez que lleven tres meses empadronadas en cualquier municipio de Extremadura, ya puede acceder a este documento que les permite acudir al centro de salud. Pero hay veces que aparecen piedras en el camino: «Estas mujeres han sido sometidas a un interrogatorio y enviadas a la policía. Y les entra mucho temor porque saben que pueden ser devueltas a su país de origen, incluso a través de trámite exprés», explica Guevara. «Es perverso, una criminalización», apostilla.
Por ello, han querido denunciar estos casos para que se ponga el foco en ellos, «sobre todo para que no siga ocurriendo».
«Estas mujeres --continúa-- vienen a hacer, principalmente, el trabajo que casi nadie quiere, el de los cuidados a las personas mayores, y al estar en situación irregular, son vulnerables. Cuando ocurren estas cosas, el Estado no se puede guardar silencio».
Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta responden que «habría que ver los casos particulares que indica la asociación para estudiar caso por caso».
Asimismo recuerdan que la asistencia sanitaria a personas extranjeras residentes en España no acreditados ni regularizados se realiza en aplicación del Real Decreto-Ley 7/2018, que garantiza el derecho a todas las personas, sin ninguna excepción.
Verano de 2018
«Desde el verano de 2018 los centros de salud tienen a disposición del ciudadano extranjero el modelo de solicitud junto con el Anexo I y la documentación a acompañar. Una vez relleno y adjuntada la documentación, se entrega al centro de salud, que lo deriva a la unidad de tramitación del área de salud que corresponda. No es misión del centro de salud, sino de la unidad de tramitación del área», añaden desde la Consejería.
Y apostillan: «La asistencia sanitaria está garantizada en caso de ser necesaria, otra cosa es el proceso administrativo».
En este sentido, Maryórit Guevara recuerda un caso: «Una compañera fue operada de emergencia, pero para quitarse los puntos de la cirugía tuvo que acudir al centro de salud, donde le dijeron que no podían atenderla sin tarjeta sanitaria. Tras protestar, consiguió que la atendieran, pero lo pasó muy mal».
