Extremadura tendrá que devolver más de la mitad de los 106,4 millones de euros que le fueron asignados para conceder ayudas directas a los autónomos y empresas cuya actividad se ha visto afectada más negativamente por la pandemia, según las estimaciones de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que en el conjunto del país calcula que las comunidades autónomas deberán reintegrar más de 2.500 millones de euros de los 7.000 con los que contaban de inicio (un 36%). En el caso extremeño, cifra en «unos 55 millones» el montante que perderá la región, avanzó ayer Eduardo Abad, presidente de UPTA, una cifra que ya contemplaría, puntualizó, la previsión correspondiente a las solicitudes pendientes de resolución.
A juicio de Abad, detrás de este bajo porcentaje de adjudicación está que «la configuración inicial» de las ayudas ha sido «un despropósito», con unos criterios muy restrictivos para poder acogerse a ellas, como que en el año 2019 no se estuviera ya en pérdidas o que se haya limitado el apoyo a quienes tuviesen facturas o créditos pendientes de pago, dejando fuera así a los negocios que hubiesen tirado de sus reservas o de préstamos de familiares para aguantar y seguir cumpliendo con sus proveedores pero cuyo negocio se ha visto reducido de manera tan significativa como otros. «Desde el principio hemos echado de menos diálogo por parte del Ministerio de Asuntos Económicos a la hora de consultarnos de qué manera se iban a poner estas ayudas en marcha. Y las comunidades autónomas, de forma mayoritaria, tampoco han hecho un esfuerzo por hablar con el sector y saber cuáles son realmente los problemas de nuestros negocios», lamentó.
«Al final los que han conseguido ser beneficiarios en mayor medida de estas ayudas han sido medianas y grandes empresas, las que más recursos humanos tienen para poder cumplir lo que la administración te pide, que es demostrar tu situación a través de pruebas documentales, algo para lo que los autónomos tienen más problemas», argumentó.
Situación generalizada
En la mayor parte de autonomías quedará dinero por repartir. Andalucía, según los cálculos de este colectivo de autónomos, adjudicará menos del 40% de los 1.109 millones de euros disponibles, por lo que tendrá que devolver más de 600 millones de euros, de forma similar a lo que ocurrirá en Galicia, que tendrá que reintegrar unos 140 millones. En la Comunidad Valenciana irán de vuelta cerca de 300 millones, en Castilla y León en torno a 180 y en Asturias 80. En estos dos últimos territorios se reembolsarán tres cuartas partes de lo estipulado.
Solo dos regiones han logrado agotar el volumen de ayudas que tenían a su disposición, Canarias y Baleares, que sumaban unos dos mil millones de euros, algo que Abad atribuyó al elevado peso en estas comunidades del turismo y la hostelería, que han tenido «preferencia» a la hora de distribuir estas subvenciones.
Por último, Abad pidió que este remanente se reinvierta en el tejido empresarial, en aspectos como «la formación y la digitalización» o en ayudar a los autónomos a paliar los efectos que en su viabilidad está teniendo el encarecimiento de la energía.
