Aumentan los delitos de odio contra las personas por cuestiones de LGTBIfobia. Las Oficinas de Atención a Víctimas por LGTBIfobia en Extremadura han atendido en 2021 un total de 36 casos, un notable aumento con respecto a los 23 que se notificaron en 2020, de las que una docena han sido agresiones, la misma cifra que el pasado año, mientras que el resto de casos corresponden a agresiones hacia el patrimonio de la víctima (daños a su vivienda o vehículo) e insultos, acoso o maltrato psicológico. De estas situaciones de discriminación, 19 se registraron en zonas urbanas y 17 en zonas rurales. La consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, la presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado, y el responsable de la Fundación en Cáceres, Hugo Alonso, han presentado el informe anual de estas oficinas.
Cabe destacar que los casos han crecido considerablemente con respecto a años anteriores: 23 víctimas en 2020, 22 en 2019, 12 en 2018 y nueve en 2017. Alonso ha atribuido el incremento de los delitos de odio a "esa falsa impunidad que existe acerca de lo que supone insultar, agredir o vejar a una persona con motivo de su orientación sexual o identidad de género", entre otros factores. También ha mostrado su preocupación por el incremento de víctimas jóvenes, de hecho, del total de agresiones, seis han ocurrido en el ámbito educativo: cuatro de ellas en centros educativos públicos y las otras dos en el ámbito de la educación no formal, en cursos de educación para el empleo.
Alonso ha detallado que de las 36 personas agredidas, 17 son hombres homosexuales, siete mujeres lesbianas, una persona bisexual, siete transexuales y cuatro heterosexuales, estos últimos agredidos por ser acompañantes de personas LGTBI en los momentos en que han sufrido las situaciones de discriminación. Además, ha transmitido su "enorme preocupación" por dos hechos que han ocurrido este año, uno en cada provincia, en el que los agentes actores de la discriminación han sido policías locales. Por ello, ha realizado un llamamiento a los ayuntamientos para que se impliquen en la lucha contra la discriminación y en la formación de sus trabajadores.
En este sentido, el secretario de Fundación Triángulo ha lamentado que solo se denuncian el 44% de las situaciones de discriminación por orientación sexual o identidad de género, un aspecto que hay que revertir y trabajar para propiciar que no se quede ninguna situación por denunciar, por lo que ha hecho hincapié en la importancia de denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, momento en el que ha tenido un agradecimiento especial a la Policía Nacional, porque muchos casos se les notifican a las oficinas tras la recomendación de este cuerpo policial.
Las oficinas tienen sedes en Cáceres, Mérida y Badajoz, pero sus asistentes se desplazan hasta todas las localidades en las que se demanden sus servicios. Cuenta con una nueva herramienta online de atención a las víctimas, en la página web https://www.oavextremadura.es/, que facilita la información acerca de situaciones de discriminación tanto de manera anónima o pública. Una vez que se recibe la notificación de un caso, el asistente de víctimas se pone en contacto con el denunciante ofreciendo todos los servicios y le guiará en el proceso, además de contar con un equipo de psicólogos que acompaña en la reparación y recuperación. El servicio incluye atención psicológica (durante 2021 se han atendido a 29 personas) y asesoramiento jurídico, cuyo equipo está trabajando en la actualidad en cuatro procesos judiciales.
Las políticas LGTBI
En su intervención, Rosiña ha celebrado que "por primera vez" las políticas LGTBI se sitúan en una consejería de la Junta de Extremadura, una "reivindicación histórica" del colectivo, cuyas entidades más representativas en la región interpelaron en su día a los actores políticos para que Extremadura tuviera una ley LGTBI. "Tenemos ya escrito sobre la libreta del 2022 los nuevos avances que hemos de ir haciendo para cumplir y desarrollar una ley que nos hizo ser pioneros en Extremadura pero que eso solo es un titular", ha señalado. "Las leyes son un paso fundamental que el legislador tiene que da, pero si no bajan al terreno de lo concreto, a través de políticas públicas, es como si no se hubiesen aprobado", ha subrayado.
En esta línea, la consejera ha destacado que el pasado mes de mayo, el Gobierno autonómico y las dos entidades más representativas del colectivo, Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, firmaron un convenio para "seguir avanzando en la construcción de estas políticas públicas", cuyo primer acuerdo fue la puesta en marcha de las oficinas de atención a las víctimas de LGTBIfobia, con una dotación de 60.000 euros a cada una de las entidades. A su juicio, es necesario contar con un recurso como este ante el aumento de los delitos y el discurso de odio en el conjunto del país, en un contexto en el que Extremadura "no es una isla".
Por su parte, Tostado ha aseverado que los datos de 2021 no son triunfalistas salvo por el hecho de que son atendidos por la política pública que, en su opinión, sitúa a Extremadura en el avance de los derechos LGTBI. Así, ha recordado que la Fundación Triángulo puso en 2017 en marcha las oficinas consciente de que había una infradenuncia y en este tiempo se ha evidenciado el aumento de las mismas. "En un contexto nacional de discursos que alientan el odio por cuestiones de orientación sexual o identidad de género, no somos ajenos a estas realidades", ha manifestado Tostado, quien ha expresado su "especial preocupación" por el hecho de que se hayan duplicado las agresiones a personas trans, en su mayoría mujeres.
