Evitar que un paciente supere los plazos de espera fijados en la ley de tiempo de respuesta en la atención sanitaria especializada del sistema sanitario público de Extremadura, esto es, 180 días para operaciones, 30 días para pruebas y 60 días para una primera consulta con el especialista. Este es el objetivo principal por el que el Servicio Extremeño de Salud (SES) concierta cada año con clínicas privadas la atención que el sistema público no puede prestar. Y, de paso, sirve también para aliviar las listas de espera

Durante el 2021 fueron 51.544 pacientes extremeños a los que el SES derivó a centros privados concertados. Del total, 4.084 usuarios para someterse a una intervención quirúrgica (las más frecuentes son asuntos menores como operaciones de cataratas, de varices y de prótesis de rodilla), y el resto, 47.460 pacientes, fueron desviados al sistema privado para realizarse pruebas diagnósticas (resonancias magnéticas y ecografías, en su mayoría), según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

La cifra de derivaciones fue inferior a la registrada en el 2020, cuando se trasladó a clínicas privadas a 61.000 usuarios del SES: 2.884 para operaciones (unos 1.200 menos que en 2021) y 58.900 para pruebas (11.000 más).

La factura económica

Esta atención sanitaria fuera de la red pública supuso al SES un desembolso de más de 10 millones de euros durante el año pasado. Fueron, en concreto, 5,7 millones de euros para procedimientos quirúrgicos mediante el contrato Paracelso y otros 4,8 millones para los procedimientos diagnósticos-terapéuticos a través del contrato Galeno. Según esta factura, el SES ha abonado a la sanidad privada una media de 1.400 euros por cada una de las intervenciones quirúrgicas realizadas fuera del sistema público y en torno a 100 euros por cada una de las pruebas diagnósticas realizadas.

No obstante, esta cantidad fue mayor que años anteriores precisamente por el aumento de las listas de espera a causa de los efectos de la pandemia de coronavirus en el sistema sanitario, que motivó una disminución de la actividad asistencial programada (no de casos urgentes ni oncológicos) y el SES tuvo que realizar dos contratos adicionales a los habituales, por valor de un millón de euros, tanto para externalizar operaciones quirúrgicas como pruebas diagnósticas y terapéuticas. 

De todas formas, para este 2022 no se plantea, a priori, que haya que realizar más contratos adicionales y la cantidad destinada en este año para derivaciones a la privada será más baja y no superará los 10 millones de euros. Así, se destinarán casi 5,3 millones para procedimientos quirúrgicos (unos 400.000 euros menos que en 2021) y cuatro millones para la realización de pruebas diagnósticas (casi 900.000 euros menos que el ejercicio anterior).

Y con estos presupuestos, la Consejería de Sanidad está elaborando en estos momentos los pliegos de los concursos para la contratación de intervenciones, pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos no quirúrgicos fuera del Servicio Extremeño de Salud. «Durante el mes de diciembre se ha realizado una consulta preliminar de mercado cuyo objetivo principal es obtener respuesta escrita de todos aquellos operadores económicos que puedan estar interesados en participar en la futura licitación para ofrecer este servicio en el ámbito del SES, de manera que la información recabada oriente al órgano de contratación acerca de aspectos económicos que incluirán en los pliegos de la futura licitación», explican fuentes de la consejería.

645 usuarios rechazan operarse en la privada

Pese al recurso de la sanidad privada que utiliza la comunidad para evitar que los pacientes superen los tiempos de espera sanitaria legales establecidos, hay pacientes que prefieren seguir esperando pese a la demora. Principalmente son usuarios que están pendientes de una intervención quirúrgica, que en muchos casos prefieren que sea realizada por los profesionales de la sanidad pública y en las instalaciones del Servicio Extremeño de Salud. 

Así lo evidencian las estadísticas que maneja la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Según los datos facilitados a este diario, durante el año pasado un total de 645 pacientes extremeños rechazaron ser derivados a una clínica privada o concertada para someterse a la operación que están esperando. No hay datos sobre rechazos en los casos de derivaciones para pruebas diagnósticas, «pero no suele haberlos en estos casos», indican desde la administración sanitaria. 

En todo caso, según explican, el rechazo de la oferta de derivación a la sanidad privada no supone para el paciente demora añadida en la lista de espera en la que se encuentre incluido. «Éste continúa con la misma prioridad y antigüedad que tenía antes del ofrecimiento. Es más, el hecho de que pacientes con mayor antigüedad acepten ser derivados, los posiciona en mejor lugar dentro de la lista de espera».