El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dio ocho meses de plazo a la Junta de Extremadura para elaborar el proyecto de demolición del complejo Marina Isla de Valdecañas. Lo hizo en un auto con fecha del pasado 16 de marzo, por lo que el informe debe estar entregado antes de diciembre. En cambio, a pesar de que quedan algo menos de dos meses para que venza el periodo, el Ejecutivo autonómico aún no ha contratado su preparación. El Gobierno regional asegura a este diario, no obstante, que «elaborará el citado plan conforme a lo estipulado en el auto del TSJEx y en los plazos que plantea». 

Tiene, sin embargo, poco tiempo para ello, si se tiene en cuenta que dicho plan de demolición conlleva el desarrollo de un estudio previo, pues se requiere que se defina su coste y que se detallen los ejecutadores, el calendario y el tiempo necesario para derribarlo. El auto ordenaba además a la administración regional fechar el desalojo del complejo residencial y turístico. Pero nada de eso se ha hecho por el momento.

Mientras tanto, la supervivencia del Valdecañas continúa su lucha en los tribunales, donde lidia varias batallas judiciales. Una de ellas es el recurso que presentaron al Tribunal Constitucional la Junta de Extremadura y los propietarios de las villas (la promotora decidió no hacerlo) contra la sentencia del Supremo que ordenaba la demolición total del paraje (ya en 2020 el TSJEx obligó a derribar la parte que estaba a medio construir, las oficinas de la promotora y la vivienda piloto, pero luego el Supremo contradijo esta resolución y ordenó tirarlo al completo). Los recursos se presentaron el pasado mes de abril pero el Alto Tribunal ni si quiera los ha admitido aún a trámite. Este proceso suele dilatarse unos seis meses, por lo que las partes esperan que haya una resolución este mes de octubre.

Los propietarios han recurrido el fallo que obliga a tirar el complejo porque se basa en una Zepa «no declarada»

Otra de las batallas judiciales se centra en la declaración de Valdecañas como Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa), sobre la que se abrió un debate sobre si realmente llegó a catalogarse así de forma oficial. Propietarios y promotor consideran que la declaración no llegó a formalizarse porque nunca se aprobó en Consejo de Gobierno. E incluso la Junta de Extremadura ha reconocido que esta declaración no llegó a oficializarse. Aunque lo cierto es que hasta 2007 (la Zepa Embalse de Valdecañas se declaró en 2003), no se dictó la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, por la que se estableció en España un procedimiento concreto y común para la catalogación de las Zonas de Especial Protección para las Aves. Los espacios catalogados con anterioridad a esa fecha, como es el caso de Valdecañas, carecían así de un reglamento específico.

Recursos por la Zepa

Y ahora, precisamente bajo el argumento de que Valdecañas no tiene esa catalogación, los propietarios y la promotora presentaron un recurso de revisión al Tribunal Supremo contra la sentencia que obligaba el derribo porque se basaba en la declaración de esa Zepa. Este recurso se presentó a principios de junio, pero tampoco se ha resuelto todavía.

Por último, los propietarios de las edificaciones abrieron una tercera vía judicial, que fue la presentación de recursos contra todas aquellas sentencias que basaban la ilegalidad de Valdecañas en la Zepa. Así, se ha recurrido el fallo que anulaba el Proyecto de Interés Regional (PIR) aprobado por la Asamblea de Extremadura para permitir precisamente que se pudiera construir en la zona ya que, al estar supuestamente catalogada como Zepa, era suelo no urbanizable. También han recurrido los fallos que suprimían las modificaciones de los planes de urbanismo que realizaron las localidades de El Gordo y Berrocalejo para que se pudiera levantar Valdecañas. Estas modificaciones fueron rechazadas por los tribunales al entender también que en este lugar no se puede construir al estar protegido.  

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Tampoco se ha pronunciado aún el Supremo sobre estos recursos. En realidad en este caso no se trata de recursos al uso, sino de un procedimiento especial que se puede presentar cuando se haya producido un hecho excepcional que podría haber cambiado los términos de sus fallos. Ellos entienden que es el caso, ya que el hecho de que no haya una formalización de la Zepa se ha conocido después de las resoluciones.

Los propietarios de los chalés y los promotores del complejo han pedido además una indemnización por la demolición. Y anuncian que agotarán todas las vías judiciales para conseguir mantener Valdecañas en pie. Así, de no prosperar los recursos pendientes, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.