La tramitación de las ayudas a la dependencia se reduce nueve meses en Extremadura

Poco a poco, mejora la atención a la dependencia en Extremadura. El plan de choque que se puso en marcha en 2021 ha permitido reducir en unos nueve meses la demora para resolver los expedientes, lo que a su vez ha permitido aumentar en 1.930 el número de beneficiarios. De los 691 días que se tardaba en resolver los trámites hace un año se ha pasado a 422 (14 meses) en la actualidad, una importante mejora que sin embargo sigue lejos del objetivo previsto para finales de 2023: los seis meses que marca la ley. 

Son datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que hace una valoración «positiva» de la evolución de la ley en Extremadura durante este segundo año de aplicación del plan de choque que pretende reflotar el sistema. En estos momentos sigue habiendo 2.895 personas pendientes de recibir una valoración y solo en lo que va de año 425 mayores han fallecido a la espera de sus ayudas. Pero gracias a los refuerzos de personal, desde 2020 se ha conseguido incrementar en un 10% el número de beneficiarios con prestación efectiva y un 4,6% las resoluciones, pese a que las solicitudes no han dejado de crecer. 

Desde el pasado marzo el Sepad ha incorporado a más de 30 técnicos para agilizar la tramitación de los expedientes

Tras los recortes que se aplicaron desde 2012 y posteriormente el impacto de la pandemia en los tiempos de espera y la demora en la resolución de los expedientes, el Ministerio de Asuntos Sociales y las comunidades autónomas pactaron en 2021 una estrategia para reflotar el sistema. Con este fin, los recursos destinados a la dependencia en Extremadura ya aumentaron un 14% este año y de cara a 2023 lo harán otro 10,6% con un total de 456 millones de euros, casi 44 más que en este ejercicio. 

Uno de los primeros objetivos que se marcó la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales dentro de ese plan de choque fue desatascar la tramitación de los más de 5.000 expedientes a la espera de valoración que había a inicio de 2021. La intención es reducir la demora en este trámite de casi dos años (691 días) a los seis meses que recoge la ley y para ello se recurrió a la empresa pública Gpex y una inversión de 972.000 euros.

A octubre de 2022, esa cifra se ha conseguido mejorar en 269 días: son unos 14 meses, nueve menos que en mayo de 2021 pero aún lejos de los seis que marca la ley. Para alcanzar el objetivo, la Junta de Extremadura debe mantener a lo largo de todo 2023 el ritmo de resolución actual y además, hacer frente a las nuevas solicitudes que se reciban. 

Más usuarios

La incorporación de beneficiarios al sistema también avanza, aunque lentamente. En 2021 se consiguió aumentar el número en 1.715 y hasta octubre de 2022 han sido 1.930. No obstante, Sanidad defiende que si los datos se comparan con los de 2020, el número de usuarios con prestación efectiva crece un 10,7%, hasta situarse en un total de 31.936. 

Los recursos destinados a la dependencia aumentarán un 10,6% en 2023: un total de 456 millones de euros, casi 44 más que en este ejercicio

Y todo ello a pesar de que el número de solicitudes no ha dejado de crecer: se ha pasado de las 52.977 registradas en diciembre de 2020 a 56.184 en octubre de 2022. A su vez, las resoluciones se han incrementado un 4%, lo que ha permitido reducir en un 13% el colectivo de personas pendientes de valoración: si en diciembre de 2020 eran 3.696, en octubre de 2022 eran 2.895. «Los datos también son mejores en lo que a resoluciones del Plan Individualizado de Atención (PIA) se refiere: de 29.065 en 2020 pasan a 32.055 en 2022, un incremento del 10% en los últimos años», indica Sanidad. 

Para poder avanzar en la aplicación de la ley y mejorar las prestaciones la consejería indica que el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) ha incorporado a 14 terapeutas ocupacionales, 22 auxiliares administrativos y 11 profesionales de refuerzo en el área de administración del Programa de Atención Individualizada desde marzo y abril. 

A ello suma , sin especificar datos, el incremento del número de plazas de atención residencial y centros de día con financiación pública. Por último, indica que se está trabajando en la nueva normativa de autorización, acreditación y calidad de servicios tras la aprobación del polémico acuerdo de criterios mínimos entre las comunidades y el Ministerio de Asuntos Sociales.

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