Recopilar más datos para eliminar la violencia de género

Ítems en continua modificación basados en datos científicos son la base del Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género). Carmen Fraire es la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer en Extremadura. Inspectora de la Policía Nacional durante más de dos décadas, Fraire conoce de primera mano la lucha contra la violencia de género y una de sus herramientas principales. En la región, son 1.819 los casos actualmente activos en el sistema, es decir, que son objeto de protección policial. Ninguno de ellos, 1.071 en la provincia de Badajoz y 748 en la de Cáceres, se considera de riesgo extremo, pero hay once de riesgo alto y 313 de riesgo medio. Las víctimas tienen 923 menores a cargo y 19 de ellas son menores de edad. En el acumulado, en sus poco más de 15 años de existencia, las víctimas de violencia de género contabilizadas por este sistema en la región ascienden a 13.170. 

«Ahora si discuto agacho la cabeza, me voy, e intento relajarme»

El programa

«Todas las víctimas de violencia de género en España están integradas en el VioGén. Es decir, si tú vivías en Valencia y te mudas aquí, vas a aparecer igualmente en los archivos», explica Freire. El Sistema VioGén es un archivo informático de datos y una inteligencia artificial que sirve para valorar el potencial peligro en el que se encuentra una víctima de violencia de género. Cualquier mujer que denuncia o que es derivada porque se sabe que sufre una situación de malos tratos entra en el sistema. «Muchas mujeres van al cuartel o a la comisaría a enterarse de qué le podría pasar a la pareja más que a denunciar. Sabemos, por las estadísticas, que tardan mucho en hacerlo por una serie de circunstancias. Entonces, lo primero que se hace es un atestado de violencia de género, ya sea por parte de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Además, se llama al abogado especializado y se le ofrece de oficio. En 72 horas se tiene que decidir si se le pone una orden de protección. No solo si la solicita ella, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la propia Casa de la Mujer o algún otro recurso especializado puede pedirla. Ellas a veces no quieren esa orden pero porque ni siquiera quieren denunciar», relata Freire, quien hace hincapié en lo difícil que resulta acusar a la pareja. En esa primera toma de contacto, también se realiza la VPR (Valoración Policial de Riesgo) por parte de la UFAM (la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional). «Pasados unos días, cuando la situación se ha calmado, porque muchas veces la denuncia ha sido por una agresión en el momento, se hace una segunda valoración y se le da un plan personalizado de protección a la mujer basado en su caso concreto y sus circunstancias personales». 

Dentro del VioGén, los niveles de riesgo se clasifican en: extremo, alto, medio, bajo y no apreciado. «La herramienta tiene una serie de ítems que se van rellenando y, en función de lo escrito, determina estos niveles», cuenta Freire. Según el nivel de riesgo, se establece un periodo de tiempo para contactar a la víctima y actualizar su ficha: en caso de riesgo extremo es cada 72 horas; alto, cada semana; medio, cada 70 días; y bajo o no apreciado cada 90: «Es algo que se hace sí o sí, porque de lo contrario salta la alarma en el propio programa», dice esta policía. «Los ítems están en continua modificación y mejora y se basan en estudios científicos», añade.  

Freire revela que en breves se va a producir una nueva actualización del VioGén para ensamblar aún más bases de datos en sus ficheros: «El objetivo es que ahí esté todo lo policial, lo judicial y de los servicios especializados. Aquí en Extremadura, por ejemplo, está incluido el programa ‘A tu lado, contigo’, de los Servicios Sociales de la Junta y también tiene acceso el Imex (Instituto de la Mujer extremeño)», detalla.

En cuanto a los menores, Freire confirma que una mujer con hijos suele tener más reparo a la hora de denunciar y alejarse del agresor: «Siempre hay mucho miedo, también esa sensación del qué dirán. Para una madre todavía más», remacha. 

Las criaturas también son clasificadas por la herramienta como: menores en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, si tienen alguna discapacidad, y tiene los mismos niveles de riesgo explicados anteriormente; y menores en situación de riesgo, cuando la violencia ejercida por el agresor también es hacia ellos, y se da en casos con riesgo medio, alto o extremo. 

Además, el sistema también recoge casos calificados como ‘de especial relevancia’, que son aquellos en los que se detectan una combinación de indicadores que aumentan la probabilidad de que el agresor ejerza una violencia sobre la víctima «muy grave o letal». En la región hay 190 casos de este tipo, que también se dividen en riesgo medio (181), alto (nueve) y extremo (cero). 

En cuanto al PSP (Plan de Seguridad Personalizado) de cada víctima, el mismo incluye entre sus puntos: portar siempre un teléfono móvil, medidas de autoprotección personal --entre las que se incluyen las de carácter general para todas las víctimas, cuando la víctima tiene menores a su cargo, en caso de que el agresor haya abandonado su domicilio y medidas de autoprotección para su propio lugar de trabajo--, además de la planificación de una rutina en caso de un intento de nueva agresión y la recomendación de hacer un «uso seguro» de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

«Hartas» de la violencia machista

Protectores

No hay datos concretos de cuántos efectivos se dedican actualmente en la región a la protección de las víctimas de violencia de género: «Son números que fluctúan y depende del momento. Por ejemplo, en la Guardia Civil cada compañía tiene un equipo VioGén. La UFAM tiene un equipo dedicado a la investigación de los casos y otro a la protección... Lo que sí podemos confirmar es que estos agentes cuentan con una formación previa. Las fuerzas de seguridad cada vez están más formadas e implicadas», describe. Además, el agente asignado a la víctima se mantiene como su ‘protector’: «Siempre, porque ya se conocen, tienen ese vínculo y esa confianza», afirma.

Además, en la región hay siete cuerpos de Policía Local que también trabajan con el Sistema VioGén. El último en incorporarse ha sido el de Plasencia esta misma semana, que se une así a Zafra, Almendralejo, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena y Navalmoral de la Mata. «Nosotros valoramos de manera muy positiva que se incorporen los policías locales porque ellos están en los pueblos, conocen más el día a día, a los vecinos, las circunstancias... Lo que pasa que entendemos que es difícil porque muchos cuerpos están apretados en cuanto a efectivos para las tareas que ya tienen como para añadir más. Pero desde luego que la dirección es esa», describe Freire, quien recuerda: «Vivimos en una región con las dos provincias más extensas de España, así que el trabajo es ingente».   

El foco

«A mí hace poco me lo decía una víctima: ‘¿Por qué tengo que ser yo la que me vaya de mi pueblo? ¿Por qué soy yo la que se muda a una Casa de la Mujer’», cuenta Freire. Reconoce así la lógica de lo que desde muchas voces feministas se viene pidiendo: que el foco se ponga en el agresor más que en la mujer, que es quien tiene que cambiar sus rutinas y su modo de vida en buena parte de los casos para evitar una nueva agresión.

En la región son 65 los hombres que actualmente están monitorizados con una pulsera Cometa, un dispositivo con GPS que controla que estos agresores no se acerquen a la víctima más de lo que establece la orden de alejamiento que haya impuesto un juez: «Ellos la suelen llevar en el tobillo y ellas tienen un móvil. Si ese acercamiento se produce, salta. Igual que si el hombre se quita la pulsera», explica Freire, quien defiende el sistema aunque reconoce que también puede generar ansiedad y tensión en las mujeres, pendientes del mismo y cuando la alarma se activa. 

Así las cosas, el debate de que se puedan conocer los nombres de agresores está sobre la mesa: «Es algo complicado. Habría que verlo caso por caso. Es verdad que existe el derecho a la privacidad, pero también están el derecho a la vida y a la integridad física, por encima del primero», argumenta. «Es algo que se está estudiando y que habrá que ver si podría ser factible», añade.

Por el momento, la cabeza de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer se prepara para una reunión que tendrá al día siguiente en Medellín/Guareña: «Es una manera de poner en común el VioGén con las policías y los servicios sociales de los pueblos. En un día agrupamos varios municipios y es un modo de hacer seguimiento de los casos y de que las policías locales se impregnen de este instrumento», explica. Freire recalca una y otra vez la importancia de disponer de datos e información para proteger a las mujeres. Y, aún así, el sistema tiene sus fallas.

Preguntada por qué ocurrió con Imane, asesinada a manos de su marido el pasado mes de noviembre, emocionada, prefiere no hablar sobre el caso: «Hay un proceso judicial abierto», dice. Refiriéndose a términos generales, argumenta: «Siempre se tiende a mirar a la Policía, a la Guardia Civil, y es muy difícil la protección completa, no es infalible, por eso nos compete a toda la sociedad. Tras cada asesinato, se estudia lo que ha pasado», asegura. «Todas las instituciones están pendientes de este tema, eso lo tienen que saber todas las mujeres, que pueden acudir a nuestra puerta, que se van a poner los recursos. Es muy importante fijarnos en las mujeres con discapacidad, en las extranjeras, para estas últimas el no tener a tu familia cerca, amigos, lo hace más difícil. Tener un colchón en tu entorno es importantísimo», señala.

Cuando el sistema falla: Imane se desdijo por la presión familiar

Freire reconoce que las cifras de asesinatos por violencia de género del pasado diciembre y del inicio de este año son preocupantes: «Yo lo veía cuando estaba en la policía. Las navidades y el verano son épocas muy difíciles porque se convive más, se hacen más cosas en común, y eso genera conflictos», lamenta. En la parte positiva, al menos, se queda con el hecho de que «cada vez más mujeres denuncian»: «Ellas tienen que saber que pueden salir adelante», sentencia.

«Hay que revisar tanto los niveles como los ítems»

Organizaciones feministas piden más recursos para proteger a las mujeres

«Entre los dos baremos, que siempre se ponga el más alto, que se garantice la máxima protección de la mujer». Es la petición que hacen desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). «Con todo lo bueno que es el VioGén, que lo es, deben formarse y sensibilizarse más los profesionales, no solo los policías, sino jueces, fiscales y todos los que lo manejen» pide Flor Fondón, presidenta de la organización. «Hay que revisar tanto los niveles de riesgo como los ítems. Hay cosas que a lo mejor el sistema no pregunta por lo que la persona lo debe añadir, para ello se necesita más formación y sensibilización», insiste.

Por otro lado, Fondón ve «poco factible» la materialización de la idea que se ha planeado estos días de tener un listado de nombres de agresores al que se pudiera acceder: «Me parece inviable. Primero, porque son maltratadores que tienen que estar registrados y, segundo, porque cómo se les comunicaría a las mujeres, ¿vas a tener a una patrulla en cada pareja? ¿Van a poner una señal de alerta en el Tinder?», dice. «Lo que hay que hacer es dotar de recursos. Vamos a reforzar y vamos a emplear el dinero bien», reclama. «Hay deficiencias en la atención psicológica, en la Casa de la Mujer, en las Oficinas de Igualdad. Necesitamos profesionales que tengan una estabilidad laboral y que haya un número suficiente para poder hacer un seguimiento real a cada mujer, no una vez cada dos meses», señala.

En esa línea, una quincena de organizaciones feministas de todo el país han lanzado un comunicado en el que urgen a las instituciones «la puesta en marcha de acciones para fortalecer la lucha contra la violencia de género». 

Estas organizaciones denuncian que los programas relacionados con la atención a mujeres víctimas con los que trabajan «no cuentan con los apoyos económicos e institucionales adecuados» y dicen no entender «que las instituciones y poderes públicos no hayan contado con las organizaciones feministas especializadas para el análisis y el diseño de las medidas de respuesta ante esta situación».

«El balance de 2022 y los últimos cuatro asesinatos que se han cometido en enero constituyen una situación de alerta», subrayan, y resaltan que casi la mitad de las mujeres asesinadas el pasado mes de diciembre habían denunciado a su agresor.

El comunicado está disponible en internet para que otras organizaciones y personas a título individual puedan adherirse a sus peticiones.

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