Una empresa gestionará la bolsa de alquiler asequible de la Junta de Extremadura

Una empresa privada gestionará la bolsa de viviendas de alta eficiencia energética en alquiler asequible que la Junta de Extremadura quiere poner en marcha en los municipios de más de 9.000 habitantes para moderar los precios y evitar la especulación. El programa se presentó en marzo de 2022 en el pleno de la Asamblea de Extremadura y este miércoles el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la licitación del contrato para la construcción de las primeras 45 viviendas, que se ubicarán en una parcela de la urbanización La Calzada de Mérida.

Se ha establecido un precio de alquiler de 5,31 euros por metro cuadrado, "ligeramente inferior al de mercado", que se sitúa actualmente en Extremadura en 5,8 euros por metro cuadrado. De esta forma, para un piso de 90 metros la renta mensual sería de unos 477 euros, frente a los 522 de media en el mercado libre. "Ponemos a disposición edificios nuevos y viviendas de calidad a un precio asequible", ha señalado el consejero portavoz, Juan Antonio González.

El programa cuenta con un presupuesto total de 23 millones de euros procedentes del fondo de recuperación de la Unión Europea para construir hasta 500 viviendas bajo esta modalidad en toda la región. Para la construcción de estas 45 primeras en Mérida (es el máximo que permite la parcela) se reservan 2,2 millones de euros. En los próximos días se abrirá el proceso de licitación, con el objetivo de que las obras de construcción puedan empezar "a lo largo de 2023".

Las viviendas serán siempre de alta eficiencia energética y para optar al alquiler, que gestionará la constructora, no será necesario pasar ningún proceso de selección: el programa está abierto a toda la ciudadanía.

Cáceres y Montijo

Para desarrollar este proyecto el Ejecutivo también dispone ya de suelo cedido en Cáceres y Montijo, por lo que próximamente se aprobará el contrato para la construcción de las viviendas en ambos casos. No obstante, González ha hecho un llamamiento a todos los alcaldes de los grandes municipios para que se sumen a la iniciativa, que en última instancia busca "un impacto directo en la moderación de los precios del alquiler con una oferta controlada”.

Los ayuntamientos que se adhieren a la iniciativa ceden una parcela de suelo urbanizable a la Junta, que después licita la construcción de las viviendas y su explotación en régimen de alquiler durante 50 años. El Ejecutivo autonómico mantiene la propiedad de los pisos, pero es la empresa adjudicataria la encargada no solo de la construcción, sino también de poner las viviendas en alquiler y gestionar la bolsa.

Como compensación, la empresa recibirá un canon de 700 euros por metro cuadrado útil de vivienda, hasta un máximo de 50.000 euros, y los derechos de superficie de alquiler durante los 50 años que abarca la cesión del suelo. Pasado ese tiempo, los terrenos y las viviendas vuelven a ser automáticamente propiedad municipal.

En el caso de Mérida, se trata de una parcela en el PIR de La Calzada que se encuentra completamente urbanizada en un entorno donde residen ya muchas familias. La cesión se aprobó en el pleno municipal del 27 de octubre y contó con los votos en contra de Unidas por Mérida, que se mostró partidaria de rehabilitar viviendas que ya existen. La parcela ocupa un total de 1.803 metros cuadrados, con una superficie máxima edificable de 4.891 metros, y permite edificios de hasta cuatro plantas.

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