La Junta de Extremadura va a promover la construcción de al menos 350 viviendas protegidas públicas y privadas “de alquiler asequible” para moderar los precios en las principales ciudades extremeñas. La inversión prevista para ello es de 17 millones de euros y según ha avanzado la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ya hay suelo disponible en Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata. “Tendrá un impacto directo en la moderación de los precios del alquiler con una oferta controlada”, ha explicado este jueves en el pleno de la Asamblea.

El objetivo es que las familias no destinen más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda ya que “si el esfuerzo es mayor, vivimos solo para pagar nuestras casas”. Según Iglesias, que los gastos de la vivienda estén por debajo del 30% “es lo que nos garantiza una vida digna y adecuada” y si bien con carácter general esa máxima ya se cumple en Extremadura tano en compra como en alquiler, aún “no para todo el mundo”. Por ello se reclama un incremento del parque de vivienda que se abordará con esta nueva tipología de vivienda protegida de alquiler asequible.

Iglesias ha comparecido a petición propia para informar de las líneas generales del nuevo Plan de Vivienda de Extremadura, que según ha defendido nace de los errores del pasado para “procurar la función social de la vivienda” y afrontar los retos del futuro. El documento, que aún está en fase de elaboración y debe someterse a la concertación social, apela a la colaboración el sector de la construcción “en un momento de alta demanda y también altos desafíos”, y la cooperación institucional, especialmente con los ayuntamientos.

Entre otras medidas, el Ejecutivo plantea crear un fondo de garantía con el que se avalará a los jóvenes que no tienen acceso a la hipoteca y garantizar que los menores no puedan, “en ningún caso, ser desalojados de su vivienda sin un mecanismo de protección adecuada”. Asimismo, se  contempla intervenir en los centros de los cascos urbanos para su rehabitación a través de la cesión de las viviendas vacías, “el contraciclo de la política del donut” que supuso el inicio de la burbuja inmobiliaria.

En colaboración con los ayuntamientos, se elaborará un censo de viviendas desocupadas y además, se ratifica el compromiso con el impuesto a los grandes tenedores de vivienda, que se desarrollará “modificando, adaptando y corrigiendo” la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda aprobada en 2019.

Eficiencia energética

Otra de las patas importantes de este plan será la eficiencia energética, a la que se destinará “la mayor inversión pública dispuesta nunca” hasta la fecha. “Empezaremos por 4.500 viviendas con ayudas privadas y actuaciones públicas que ya están a disposición de los extremeños, a las que se suman las bonificaciones tributarias del Gobierno, avales para facilitar el crédito y el retorno vía ahorro energético, tan importante y necesario en este momento”, ha señalado. Según los datos aportados por Iglesias, el 74% del parque edificado es anterior al año 2000 y el 92% anterior a la existencia de un código técnico de edificación.

Iglesias ha expresado su deseo de que este nuevo plan cuente con el acuerdo del resto de grupos y en caso de que no sea así, al menos que haya «un buen entendimiento». La consejera ha agradecido las aportaciones de todos los grupos «sin excepción», incluido el PP, que no ha hecho uso de su turno de palabra en el debate.

Sin embargo, según el diputado de Cs Joaquín Prieto esta participación «ha sido ficticia», ya que en ningún momento ha vislumbrado "un ápice de consenso". Prieto ha señalado además que la región no tiene un problema de precios, sino que «la gente no tiene ingresos por falta de trabajo», y por ello ha defendido que el mejor plan de vivienda es «acabar con los obstáculos para desarrollar un proyecto de vida en Extremadura».

Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel ha confiado que este nuevo plan sirva para «enderezar el rumbo» de las políticas de vivienda, que se encuentran en el centro del debate público gracias a la labor de los movimientos sociales.