Un acuerdo podría evitar el juicio por el caso de los falsos desnudos por IA en Almendralejo

El caso de los falsos desnudos por inteligencia artificial (IA), que conmocionó a Almendralejo en el pasado septiembre y tuvo repercusión internacional (llegó a Bruselas), podría librarse de juicio.

Según confirma la Asociación de Mujeres Malvaluna, que asiste jurídicamente a las víctimas (una quincena aunque ‘a priori’ se habló de más de una veintena), las familias están estudiando un acuerdo con la defensa de los acusados en base a la propuesta de la Fiscalía de Menores. Esta contempla una condena de un año de libertad vigilada para la quincena de menores (los que son mayores de 14 años, los menores son inimputables penalmente) que elaboraron y difundieron imágenes de menores desnudadas a través de dos aplicaciones de inteligencia artificial. La condena también conlleva la obligación de realizar durante el tiempo estipulado cursos de formación relacionados con el buen uso de las tecnologías, sobre educación afectivo-sexual e igualdad de género.

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El posible acuerdo fija la misma posible imputación para todos los acusados por delitos de pornografía infantil y de vulneración del derecho a la intimidad y también la misma condena, sin distinciones.  

La propia Ley del Menor recoge que la condena de libertad vigilada supone que el menor infractor está sometido, durante el tiempo establecido, a una vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado, «con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social». Con esta medida se hace un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia al centro educativo o lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquella a superar los factores que determinaron la infracción cometida.

Evitar el foco mediático

Con la posibilidad de este acuerdo que aún no está confirmado pero podría cerrarse en los próximos días, las partes quieren evitar el foco mediático que ha tenido este caso desde que la madre de una de las víctimas (la ginecóloga Miriam Al Adib) denunciara públicamente los hechos y también evitar que pasen por un proceso judicial las menores víctimas. 

No obstante, desde la Fiscalía de Menores remiten a las declaraciones de la Fiscalía Superior de Extremadura, que asegura que el caso está todavía en diligencias de investigación y carece por el momento de escrito de acusación y solicitud de penas. «Esa fase procesal todavía no ha llegado», señalan a este diario. Pero tampoco se pronuncia sobre la posibilidad de ese acuerdo en estudio que sí confirman las familias. «Si ha trascendido algo es por parte de los abogados de la defensa, nosotros no podemos facilitar esos datos». 

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Por su parte, desde la asociación Malvaluna recuerdan que se está hablando de menores «y el proceso no puede ser público», pero la decisión del acuerdo todavía no está tomada. 

Aún así, insisten en que los hechos que han provocado este caso «revisten una importante gravedad», por lo que consideran que deben tener una adecuada respuesta judicial que ponga de manifiesto el rechazo de la sociedad hacia estos comportamientos sexistas. 

Insiste en que estos hechos deben hacer reflexionar sobre la necesidad de educar en igualdad entre mujeres y hombres e impartir una adecuada educación sexual en los centros de enseñanza, «cuestionando los modelos de aprendizaje a través de la pornografía, un modelo que genera más sexismo y violencia». El colectivo insiste en que es importante que este tipo de actos no queden sin consecuencias.