Extremadura atiende a 1.725 dependientes más pero la lista de espera sube un 16%

Más solicitudes, más apersonas atendidas y también más lista de espera, aunque con menos tiempo. Extremadura ha cerrado el año 2022 con 1.725 nuevos usuarios en el sistema de la dependencia, pero otros 6.000 aún están a la espera de recibir las ayudas y más de 1.500 han muerto en el último año sin atención. Son los datos que recoge el XXXIII Dictamen de la Dependencia que elabora cada año la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que pone de manifiesto las luces y sombras del sistema y compara la gestión de las diferentes comunidades autónomas.

En el último año Extremadura ha recibido 2.548 nuevas solicitudes de ayuda a la dependencia, un 4,7% más que en 2021. Los equipos del Sepad han valorado 2.935 expedientes, casi un 6% más, y como consecuencia el número de personas con derecho a prestación se ha incrementado en un 7%, frente al 5% de media nacional. Así, en estos momentos son un total de 38.917 los dependientes reconocidos en Extremadura.

El 75% de ellos están recibiendo sus prestaciones (son un total de 32.795, 1.725 más que el año pasado) pero sigue habiendo otras 6.122 personas en lista de espera: en este caso la cifra se incrementa un 16% (+850), frente a una caída media del 8,2% que registran el resto de autonomías. Y a esto hay que añadir que entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 la asociación de directoras sociales calcula que en la región fallecieron 1.573 personas sin atención. 

Los efectos del plan de choque

«Extremadura suspende en la ley de dependencia. Hay datos tremendamente preocupantes», afirma el presidente de este colectivo, José Manuel Ramírez. Según explica, pese a las mejoras introducidas con el plan de choque para reflotar la dependencia (ha supuesto una inversión extra de unos 45 millones de euros anuales)Extremadura sigue teniendo una de las cinco listas de espera más altas del país, «el sistema no tira» y no consigue desarrollar un mecanismo ágil para acelerar la atención. 

La Asociación de Directoras Sociales avisa que hasta que no involucre a los servicios sociales municipales, la región no avanzará en la gestión de la dependencia

¿Por qué? «Porque no ha incorporado a los servicios sociales de base. Tiene ese defecto y por mucho dinero que metan no van a avanzar», apunta Ramírez de forma tajante. «El trabajador social que mejor conoce a la persona dependiente es el que va al pueblo una vez a la semana. ¿Quién mejor para valorarla?», se pregunta. 

En estos momentos los mayores extremeños esperan una media de 13 meses para que su solicitud de ayudas a la dependencia sea tramitada y aunque este plazo aún se sitúa lejos de los 6 meses que la ley marca como tope, como aspecto positivo hay que destacar que se ha logrado reducir un 45% en el último año. 

Según los datos facilitados por el director gerente del Sepad, José Vicente Granados, en una de sus últimas comparecencias parlamentarias, ha pasado de 696 días en enero de 2021 a 386 días a 31 de diciembre de 2022, gracias al incremento de las plantillas de los equipos de valoración. El Ejecutivo defiende esta mejora como una «apuesta» por la ley dependencia. «Nos falta, pero seguiremos trabajando para mejorar el sistema», apuntó Granados en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Una cartera de servicios "low cost"

El dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también pone de manifiesto que el 68% de la cartera de servicios del sistema de la dependencia en Extremadura está compuesto por «prestaciones de bajo impacto económico»: cheques vinculados al servicio, que en un 77% de los casos financian la ayuda a domicilio (con una cuantía media de 363 euros mensuales), y prestaciones para cuidadoras no profesionales en el entorno familiar de unos 255 euros mensuales. 

Extremadura es la comunidad donde las prestaciones económicas tienen un mayor peso en la cartera de servicios: llegan al 49% de los usuarios

El informe alerta especialmente del «impresionante abuso» que se hace en Extremadura de los cheques vinculados al servicio: la Administración asigna una ayuda económica al dependiente y la familia se encarga de contratar ese servicio y «buscarse la vida» por su cuenta. «Extremadura es la única comunidad en la que el 49,5% de los dependientes tienen asignada esta prestación», afirma Ramírez. 

A su juicio, esto genera «un sistema low cost y totalmente fuera de control» al no estar el cheque regulado por ley con unos mínimos. «Al final son las empresas las que eligen a los usuarios y no al revés», explica Ramírez, que pone un ejemplo: una residencia que rechaza a un gran dependiente porque sabe que le generará más gasto que uno con menor grado. A ello hay que añadir además el «repago» que afronta el usuario, ya que en la mayoría de los casos debe completar con dinero de su bolsillo el coste del servicio. 

Sin embargo, el informe también reconoce que gracias a ese despliegue de la ayuda a domicilio, Extremadura obtiene muy buenos resultados en la creación de empleo ligado al sector de la dependencia:832 nuevos puestos de trabajo solo en el último año y un total de 10.626 personas empleadas de forma directa y estable en este ámbito. 

La inversión realizada genera en Extremadura genera 56,1 puestos por millón de euros invertido, frente a los 40,9 del resto de España. Y a esto hay que añadir 78 millones provenientes de las cotizaciones e IRPF de los trabajadores y recaudación de IVA por los servicios prestados. 

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