Advierten del aumento de casos de violencia de hijos a padres en Extremadura

Los Programas de Atención a las Familias (PAF) surgieron en Extremadura en el 2000 y están integrados por unos 100 psicólogos, trabajadores y educadores sociales que trabajan con familias en situación de crisis o vulnerabilidad social y menores en desamparo o en riesgo físico, psicológico o social. Para su defensa, se ha creado una plataforma que tiene dos reivindicaciones fundamentales: estabilidad a nivel normativo y una mayor financiación que permita incrementar sus salarios. Estas demandas fueron trasladadas el pasado lunes durante una reunión a la nueva secretaria general de Servicios Sociales, María Teresa Ángulo.

Técnicos de atención a las familias reclaman estabilidad y más fondos

«Somos el primer paso en el escalón de protección a la infancia», destaca Sonia López, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Programas de Atención a las Familias y de la Infancia y la Adolescencia, que dispone de una página web. «Ya no trabajamos solo con la típica familia que antes se consideraba desestructurada o en riesgo, sino que cada vez son más las que acuden de manera voluntaria a buscar un apoyo, una orientación», explica. En esta línea, indica que atienden problemáticas de todo tipo, al tiempo que advierte de que han aumentado los casos de violencia de hijos a padres.

Sobre este asunto, señala que «hay niños difíciles, cuya conducta puede agravarse por problemas mentales, que se inician en el consumo de sustancias o presentan trastornos de conducta». Este tipo de violencia intrafamiliar también se puede dar en menores que «han estado muy protegidos desde pequeños, sin que se les pusiera ninguna norma y cuando son mayores quieren mandar". "Los padres quieren poner límites a sus hijos cuando no los han puesto desde que nacieron y hay un choque», subraya López, quien puntualiza que «cada familia es un mundo».

Asimismo, esta educadora social apunta que se han incrementado los casos de padres con problemas para gestionar el teléfono móvil de sus hijos, a la hora de ponerles normas y límites, así como «bastantes problemas entre iguales por las redes sociales, como las cuestiones relacionadas con el acoso». Por todo ello, el papel que desempeñan estos profesionales es de vital importancia a la hora de proteger a los menores y de ahí que consideren que no están lo suficientemente bien valorados. 

Cabe destacar que los PAF se van sacando a través de decretos que fijan las convocatorias de subvenciones para que las mancomunidades y ayuntamientos de más de 10.000 habitantes presten el servicio. La última se inició en 2022 y se extenderá hasta 2024, con una dotación de 8,8 millones, por lo que desde el colectivo piden que el decreto que regula los programas se publique antes del 31 de diciembre de 2024 para garantizar su continuidad y que no haya parones en la prestación, como ya ha ocurrido. 

En este sentido, reclaman que se mantenga el 100% de la financiación del programa, pues López considera que muchas entidades se lo pensarían si tuvieran que pagar para contratar a los profesionales y podría haber despidos. Además, solicitan un aumento de la cuantía destinada a los PAF que permita incrementar sus salarios, que están «rozando» el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que consideran que estos no van acordes a su categoría profesional y el trabajo que desempeñan.

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