El SES sigue sin practicar abortos: en el primer año de la ley derivó a 1.171 mujeres

Extremadura sigue sin aplicar la ley del aborto. Un año después de su entrada en vigor, el 3 de marzo del año pasado, el Servicio Extremeño de Salud (SES) continúa derivando a las mujeres a clínicas privadas para las interrupciones de embarazo porque todos los hospitales públicos de la región son objetores de conciencia. En ninguno se presta este servicio, a pesar de que desde hace un año están obligados por esta nueva norma. La ley regula el derecho a la objeción de conciencia, pero también el de la mujer a ser atendida en un centro sanitario del sistema público de salud, por lo que las administraciones deben organizar sus plantillas de tal forma que siempre haya un médico especialista que pueda atender este tipo de circunstancias.

El SES afirma que habrá «muchos objetores» para la ley del aborto

Sin embargo, de momento en Extremadura no se ha hecho nada. Según los datos aportados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, en el año que la ley lleva en vigor se ha derivado a clínicas privadas a 1.171 mujeres (945 entre marzo y diciembre del año pasado y 226 en lo que va de 2024). Y en todo 2023 fueron 1.140 las extremeñas a las que obligaron a acudir a servicios sanitarios privados para interrumpir sus embarazos. Son derivadas a Badajoz, a la clínica Guadiana, la única que presta estos servicios en la región, o a Salamanca o a Sevilla.

El SES tampoco ha concluido la elaboración del registro de objetores de conciencia, que tiene como finalidad precisamente conocer cuántos facultativos estarían dispuestos a prestar este servicio para poder organizar los hospitales. Y tampoco hay una previsión de cuándo podría estar listo. Si se espera, no obstante, que sean muchos los que se nieguen, a juzgar por el número de peticiones ya recibidas.

Vulnera derechos

El Tribunal Constitucional (TC) ya sentenció que esta práctica de derivaciones a la sanidad privada vulnera los derechos fundamentales de la mujer. Lo hizo en un fallo que emitió en julio del año pasado en el que cuestionaba además que esto se justifique bajo el argumento de que no existen médicos disponibles para realizar interrupciones de embarazo porque son objetores de conciencia, como ocurre en Extremadura. La sentencia procedía de una denuncia presentada por una murciana, a la que su comunidad autónoma envió a una clínica de Madrid porque en su región tampoco hay médicos para practicar abortos.

Desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) critican que se siga sin cumplir la ley: «Hay que garantizar la objeción de conciencia, pero también los derechos sociales y reproductivos de la mujer», denuncia su presidenta, Flor Fondón.

Apunta además a que esta situación supone «una clara desventaja» para las mujeres extremeñas en comparación con el resto de las comunidades autónomas: «Es un derecho reconocido por ley y la sanidad pública tiene que garantizarlo. Ya no caben más debates, el debate ya se hizo, la ley se aprobó y se tiene que asumir», advierte.

Fondón pone el foco además en las complicaciones que puedan surgir durante las intervenciones: «Si hay riesgos lo suyo es que las mujeres sean atendidas en el SES, en un hospital con todas las garantías para dar una respuesta rápida. Tiene que prestarse por seguridad, por igualdad y para garantizar los derechos», subraya Fondón, que reprocha además que la Junta de Extremadura que «no tiene interés en solucionar el tema, como todo lo que afecta a las mujeres, seguimos siendo ciudadanas de segunda». 

«Me dejaron sola, es lo peor que se le puede hacer a una madre»

Fue en la revisión de las 20 semanas cuando detectaron que algo no iba bien en el embarazo de Rocío Meneses. Se realizó una amniocentesis y fue entonces cuando los médicos le recomendaron abortar. Le prepararon los papeles en menos de una semana y la derivaron a Sevilla. Ella era madre soltera y pasó todo el proceso sola en aquella clínica, fuera de su casa, pues no dejaron ni a su madre ni a su hermana acompañarla. «Cuando me vi allí me di cuenta de que es lo más triste del mundo entero. Me tuvieron de sala en sala, sola, en un sitio frío, sin una muestra de cariño, sin una mano a la que agarrarme. Entras sola y sales sola; es lo peor que se puede hacer con una madre», recuerda. Una hora después de que la pincharan para pararle el corazón a su bebé, la enviaron de nuevo a casa. Y ya en el materno infantil de Badajoz, al día siguiente, le indujeron el parto, tras lo que se despidió para siempre de su bebé.

Hasta entonces desconocía que en Extremadura los hospitales públicos no practicaban abortos. Esa noche, tras regresar de Sevilla, como no podía dormir, empezó a buscar información y fue cuando comprendió por qué la habían obligado a marcharse a la capital hispalense. Tras su experiencia buscó ayuda en Allá, un grupo de apoyo a la pérdida perinatal y gestacional, pero de esto hace ya más de un año y no se le va de la cabeza: «Recuperarte no te recuperas jamás. Nunca olvidas que has tenido una vida dentro, pero la vida sigue y siempre encuentras un motivo por el que luchar», sostiene.

«No me dejaron ver a mi hija y me dijeron que la tirarían a un contenedor»

Fue en febrero del 2022 cuando Amor Agudo se enteró de que estaba embarazada. Pero en junio comenzaron a hacerle pruebas porque algo no iba bien: el cerebro de su hija no estaba del todo desarrollado. Así que, cuando le faltaban dos días para cumplir las 22 semanas de gestación le dieron la terrible noticia: tenía que interrumpir su embarazo. No le dio tiempo casi ni a recapacitar pues en esa misma consulta le prepararon la documentación para que al día siguiente pudiera abortar. Pero eso sí, la derivaron a la clínica Guadiana de Badajoz, la única que practica interrupciones de embarazo en Extremadura.

Aquí le dieron unas pastillas para que se las tomara el fin de semana (era viernes) y el lunes regresó. «Les pedí que quería ver a mi hija y se negaban. Me decían que iba a ser muy doloroso, pero yo insistía», recuerda. Hasta que en un momento de lucidez les preguntó qué harían después con ella: «Me dijeron que la tirarían a un contenedor. Me negué. Les dije que me la quería llevar», cuenta. A los médicos no les gustó, así que le advirtieron de que tendría que encargarse ella de todo el proceso.

El parto no fue mucho mejor: «Tenía muchos dolores y nadie venía. Mi hija nació sola, en la cama. Después vinieron a por mí y me subieron a una silla de ruedas, me hicieron sentarme encima de ella», recuerda. Tras esto entró en quirófano y ya no recuerda más. Sí consiguió que una funeraria se hiciera cargo de su cuerpo y la incineraron. Ahora guarda en su casa una pequeña urna con las cenizas de Ayla, como se llamaba. «En esa clínica me sentí un número y mi hija una basura. Todavía no he podido volver a intentarlo, psicológicamente no estoy preparada», reconoce. 

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