La polémica por las interrupciones voluntarias del embarazo
El SES afirma que habrá «muchos objetores» para la ley del aborto
Los hospitales públicos de Extremadura continúan sin realizar estas intervenciones; se derivan a la privada
De momento se siguen recogiendo solicitudes para crear el registro oficial de sanitarios ‘en contra’
Dicen que siguen mandando formularios, «porque quedaban por enviar», y recogiendo información de los sanitarios de las distintas áreas de salud para poder crear el registro de objetores de conciencia. ¿Cuándo estará listo? No lo saben. «Lo que no podemos entender es cómo no se había desarrollado ya este asunto», expresan desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta. «Se está reconduciendo la situación para poder cumplir con lo establecido en la ley», añaden.
Así lo argumentan para explicar por qué los abortos en Extremadura siguen sin llevarse a cabo en los hospitales públicos, puesto que el protocolo mantiene aún que todos ellos (sea la circunstancia que sea) se deriven a clínicas privadas. De este modo, la mayoría son atendidos en el centro Guadiana Los Arcos de Badajoz, «que ya tiene acreditación para poder realizar interrupciones voluntarias del embarazo hasta las 30 semanas de gestación», indican desde Salud. Y agregan que este año solo una paciente se ha desplazado a Salamanca.
En esta ciudad se ubica la clínica Multimedia (se ofrece a las áreas de Plasencia, Navalmoral y Coria). A veces las derivaciones también se hacen a la Dator en Madrid y Ginesur en Sevilla; estas últimas para interrupciones de alto riesgo.
La nueva ley nacional del aborto, que entró en vigor el pasado mes de marzo, obliga a las comunidades a ofrecer recursos en la sanidad pública. En el pleno de la Asamblea de Extremadura del pasado 23 de noviembre, la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras una pregunta de la líder de Unidas (Podemos), Irene de Miguel, aseguró que ya se trabaja en un decreto para el «completo desarrollo y ejecución» de la ley de salud sexual y reproductiva.
El listado
Pero para ello es necesario tener cerrado el registro de objetores de conciencia que, según calculan desde la Consejería de Salud por las peticiones ya recibidas, «serán muchos».
Habría que recordar que la nueva normativa acota que esa objeción de conciencia se limite al momento de la interrupción del embarazo, por lo que los sanitarios que entren en ese registro sí deberán prestar asistencia a las mujeres que aborten tanto antes como después de este acto médico.
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