Los servicios especiales rusos, que desde la llegada al Kremlin en el 2000 del actual primer ministro, Vladímir Putin, manejan los hilos del poder en Rusia, pronto tendrán más autoridad. La Duma (Cámara baja) rusa aprobó ayer un proyecto de ley que amplía las competencias del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) y entre otras cosas, permite a los agentes que "castiguen" a los ciudadanos incluso cuando no haya pruebas de que hayan cometido un delito.

A favor del proyecto se pronunciaron 354 diputados, mientras 96 votaron en contra. Para entrar en vigor ese documento que, según los defensores de los derechos humanos, legaliza la arbitrariedad de los servicios secretos, necesita aprobación del Consejo de la Federación (Cámara alta), y una firma del presidente, Dmitri Medvédev.

Un grupo de activistas de derechos humanos envió el jueves una carta abierta a Medvédev pidiéndole que vete el proyecto ya que es "absurdo y peligroso". "Los poderes del FSB en nuestro país ya desde hace tiempo se hallan fuera de los límites razonables. Usted habla constantemente de la necesidad de garantizar la prioridad del derecho como condición fundamental para el desarrollo de nuestro país. Hoy depende precisamente de usted que se adopte o no una ley que viola los principios angulares del derecho: la presunción de inocencia y la precisión jurídica", reza la carta de la oenegé Memorial. El presidente contestó que el proyecto de ley que confiere al FSB potestades preventivas ha sido preparado por su "encargo personal", dando a entender así que su firma está garantizada para que entre en vigor.

"ACCIONES INADMISIBLES" Los nuevos poderes permitirán al director del FSB o su adjunto que amonesten a un ciudadano "por acciones inadmisibles que creen condiciones para la comisión de un delito". Además, incorpora sanciones administrativas por incumplimiento de órdenes legítimas de los empleados del FSB, así como por obstaculizar sus actividades. Los ciudadanos serán castigados con multas de hasta 1.000 rublos (26 euros) y 15 días de arresto.

Según los defensores de derechos humanos, los servicios especiales podrán aprovechar sus nuevos poderes para "intimidar a los disidentes y controlar las actividades pacíficas de los ciudadanos". "Las nuevas facultades de los servicios los liberan por completo del cumplimiento de todo criterio jurídico", reza una declaración de las oenegés al presidente del Consejo de la Federación, Serguei Mirónov.

El documento pide que la Cámara alta, que el lunes debatirá la nueva ley, la rechace.