Tras una intensa carrera política y sindical, Antonio Rosa fundó en 1994 junto a su amigo Miguel López Guerrero la consultora extremeña Depaex, especializada en asuntos de desarrollo económico, el asesoramiento a empresas, la gestión energética o los temas medioambientales. Ahora analiza para este diario las consecuencias de la futura ley de Responsabilidad Ambiental.
--¿Cuáles son las garantías medioambientales que deben cumplir en estos momentos las actividades industriales?
--Tienen una serie de obligaciones, pero una de la principales es la autorización ambiental, que es la que les permite iniciar la actividad.
--¿Qué riesgos cubre?
--Lo que garantiza ese permiso o autorización es que cumple la normativa y exigencias de impacto ambiental para poder iniciar su actividad.
--¿Cuáles son las empresas obligadas a cumplir con este tipo de autorizaciones?
--Es necesario para todas. Cualquier actividad económica necesita una declaración ambiental para poder comenzar a funcionar. Por eso normalmente acuden a las asesorías y gestorías, para que les realicen un estudio de qué efectos puede tener su actividad sobre el entorno y poder solicitar los permisos pertinentes.
--¿Y qué pasa actualmente cuando ocurre un accidente o una catástrofe ecológica, como un vertido o una explosión en una industria?
--Normalmente las autoridades abren una investigación y de ahí se derivan las responsabilidades civiles, administrativas o penales. Luego es la Justicia la que decide qué tipo de sanción recae sobre la empresa que ha originado el desastre.
--¿Qué aporta esta nueva ley?
--Las empresas van a tener que disponer de un aval que garantice que pueden sufragar la reparación de los daños originados. No será suficiente con hacer frente a la sanción judicial. Además de la causa civil, administrativa o penal que se pueda abrir, estarán obligadas a corregir y reparar los daños hasta devolver el entorno contaminado a su estado anterior. Como dice el ministerio, el objetivo de esta normativa, que aún está en fase de estudio parlamentario, es que "quien la hace la paga".
--¿Aunque no se haya demostrado su culpabilidad?
--Con esta ley la responsabilidad ambiental estará al margen de la culpabilidad que tenga o no la empresa sobre el daño ocasionado. No se trata de sancionar a las industrias por su mala actuación en un caso o en otro, sino de garantizar que se hacen responsables de los riesgos inherentes que conlleva su actividad. Hasta ahora, como ocurrió con el caso de Aznalcollar --vertido de residuos tóxicos en el Parque natural de Doñana, en 1998, por la rotura de una balsa de metales pesados de una mina perteneciente a la empresa sueca Boliden-Apirsa--, no tienen que reponer el daño causado; con esta nueva normativa deberán hacerlo cueste lo que cueste.
--¿Afectará a cualquier tipo de entorno natural?
--Según está previsto en el anteproyecto de ley, se establecerán cuáles son los recuros naturales que quedan amparados por la normativa, aunque en principio se refiere a cualquier tipo de contaminación del suelo, el agua o el aire. Los daños a personas y bienes quedan fuera, porque ya están regulados.
--¿Las empresas que actualmente tienen contratado algún tipo de seguro medioambiental tendrán que cambiarlo para ajustarse a la normativa?
--Va a depender de la cobertura que tenga contratada en ese seguro. En cualquier caso, deberán tener un aval sobre los posibles daños que puedan originar y tendrán que ajustar su situación a la normativa.
