Es la trabajadora social de la única clínica autorizada en la región para practicar interrupciones voluntarias del embarazo, un centro en el que lleva ya cinco años. Su principal labor es la de informar a las mujeres, "explicarles en qué consiste la intervención, de cuáles son sus otras opciones, como puede ser la de la adopción, y tantear la seguridad que tienen: necesitamos saber que están seguras de lo que van a hacer", señala esta profesional, que prefiere no dar su nombre.
Incide sobre todo en este concepto, el de seguridad. "Si una mujer tiene dudas, inmediatamente el proceso se corta, aunque estén en la puerta del quirófano. Es preferible decirle que se vaya a su casa, que se lo piense y que, cuando esté segura cien por cien, vuelva, y si no vuelve, pues no pasa nada".
Igualmente, señala que el funcionamiento del servicio público de salud "está siendo bastante rápido y eficaz" en la gestión de las IVE, lo que lleva a que desde que la mujer va al centro de planificación hasta que se le da la cita para la intervención pase normalmente "entre una semana y diez días". Eso sí, añade que "ahora con la ley nueva se nota un poco de malestar por tener que retrasar tres días una decisión que ya está tomada" (en relación al periodo de reflexión obligatorio que marca la ley). También destaca el efecto positivo que tendrá, a su juicio, el que estas mujeres tengan que pasar por un centro de planificación familiar: "Desde antes de enviarlas a la clínica ya les están dando cita para después de la intervención, con lo que se les podrá planificar de una forma correcta para que la situación no se repita. Esto antes no se tenía", sostiene.
