Los usuarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) podrán participar en el sistema sanitario. Así lo establece el Consejo Regional del Paciente, órgano consultivo que contemple la Ley de Salud Pública de Extremadura, aprobada ayer por unanimidad en la Asamblea, y que establece un marco de coordinación de los distintos organismos y administraciones públicas con competencias en esta materia. Se trata de un órgano colegiado de carácter consultivo, de participación comunitaria y de coordinación en relación con las actividades que desarrollan las asociaciones de pacientes en la región. Se concebirá como foro de encuentro, de consenso y de coordinación que posibilite debatir entre el saber y el quehacer desde la perspectiva de los afectados y sus familiares. Además, se creará un espacio legal donde expresar las aspiraciones y la voluntad de los pacientes, y que su voz sea oída y tenida en cuenta de manera demostrable.

Otra cuestión destacada es que la Junta podrá delegar o transferir funciones en salud pública a los ayuntamientos, que podrán adoptar las acciones oportunas en relación con las actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud.

La norma contempla también las prestaciones de la cartera de servicios de salud pública, y fija sanciones que, según la gravedad, oscilan entre 1.000 euros y 1.200.000 euros y el cierre de la actividad hasta cinco años para casos muy graves.

El PP defendió que la norma haga referencia expresa a la salud animal y que los inspectores sean considerados autoridad sanitaria, pero el PSOE lo rechazó porque el espíritu de la ley es integrar todas las áreas, y los inspectores son agentes de la autoridad, no autoridad sanitaria.