Como en casi todo, también para combatir el elevado déficit del sistema sanitario español (cifrado en entre 15.000 y 20.000 millones de euros) hay recetas de derecha y recetas de izquierda. Eso se ha puesto de manifiesto durante los últimos meses, con estrategias diferentes frente al gasto farmacéutico en comunidades autónomas gobernadas por el PP y regiones dirigidas por el PSOE; pero también el jueves en Madrid, en el Consejo Interterritorial del Consejo Nacional de Salud.
El vuelco político tras las elecciones autonómicas del 22 de mayo ha generado un nuevo reparto de mayorías en esta cita entre los consejeros regionales de sanidad y el ministerio. De un lado, la decena de comunidades bajo mando popular, con Galicia y su catálogo restringido de medicamentos financiados por las arcas públicas como adalides frente al dispendio en el gasto farmacéutico. Del otro, Andalucía, País Vasco y el propio ministerio, que bajo mandato socialista defienden la estrategia andaluza de sacar a concurso público qué marca o qué genérico recetar en función del laboratorio que ofrezca los mejores precios. Y, entre unos y otros, los nacionalistas canarios y catalanes, más Navarra, con soluciones propias para sus territorios.
En principio, según la reunión del jueves, hay consenso por parte de todas las partes sobre la necesidad de diseñar una estrategia común y compartida para afrontar el problema. Sin embargo, apuntan fuentes farmacéuticas, está en disputa cuál de los dos modelos políticos se impone.
La Xunta de Galicia ha puesto en práctica un catálogo restringido de medicamentos que son los que los facultativos deben prescribir porque eran los que, en ese momento, presentaban los precios más bajos. La filosofía es que no todos los productos que se registran deben ser financiados por el sistema público; sino solo los que ofrecen las mejores condiciones. Esto, según el gobierno gallego, fomenta el uso de los medicamentos genéricos y supondrá un ahorro de unos 30 millones de euros por trimestre.
La Xunta expuso su modelo el jueves al resto de regiones. Solo alguna comunidad como Madrid ha reconocido que estudia implantar este sistema, mientras que el Ministerio de Sanidad no termina de digerirlo. De hecho, ha presentado un recurso en el Tribunal Constitucional contra la ley gallega que lo desarrolla. Esta impugnación por parte del Ejecutivo está pendiente de resolución por parte del Alto Tribunal.
La alternativa socialista es el modelo que va a implantar la Consejería de Sanidad de Andalucía. En este caso se pretende contener el gasto público sanitario mediante la celebración de una especie de subastas en las que se licita, mediante concurso, los medicamentos a dispensar en las boticas de la comunidad autónoma cuando el paciente acude con una receta por principio activo.
Los farmacéuticos no se decantan ni por uno ni por otro. Consideran que ambos sistemas les perjudican porque terminan convirtiéndose en una ingerencia de las administraciones autonómicas en el mercado.
