Que casi el 70% de los usuarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) supere los plazos legales establecidos para ir por primera vez a la consulta del especialista o someterse a una prueba diagnóstica no bastan para que la Ley de Tiempos de Respuesta en Atención Sanitaria tome impulso. La norma establece que el usuario tiene derecho a recibir atención en una clínica privada pagada por la Junta de Extremadura en el caso de que haya esperado más de 60 días para ir al especialista por primera vez, 30 para realizarse una prueba diagnóstica o 180 para someterse a una intervención quirúrgica. Según los datos facilitados por el director gerente del SES, Albino Navarro, más de 56.000 extremeños, el 70% del total de pacientes, se encontraban en el 2011 en esa situación. Sin embargo, el último informe emitido por el Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura pone de manifiesto que solo 1.840, apenas el 3%, ha reclamado lo que le corresponde por de derecho.
La ley de tiempos de espera fue aprobada en el año 2005 en el Parlamento extremeño y es la única de estas características que existe actualmente en España. La indiferencia del paciente con respecto a ella es tan evidente que la relega a un simple brindis al sol y casi la convierte en papel mojado. Es cierto que las reclamaciones con respecto a su incumplimiento se han disparado en los últimos años --desde 2009, se han multiplicado por cuatro al pasar de las 594 de entonces a las 1.840 de ahora--, pero en el mejor de los casos, apenas un 3% de los usuarios fuera de plazo han protestado por ello.
Según los últimos datos facilitados por Navarro en la Comisión de Salud y Política Social de la Asamblea, a 30 de septiembre del 2011, 28.534 pacientes esperaban más de 60 días para ser vistos por el especialista, y otros 27.836, más de 30 para hacerse una prueba diagnóstica. Entre ambos suman 56.370 personas y el 70% de los pacientes. Todos ellos, en caso de haber reclamado, tendrían derecho a que el SES les costeara la asistencia en la sanidad privada por haber superado los plazos legales establecidos para la pública. Teniendo en cuenta que ya el Gobierno del PP ha manifestado que la Administración extremeña arrastra un agujero de 436.000 euros en conciertos con clínicas privadas correspondiente al periodo 2005-2010, ni que decir tiene que la viabilidad de la norma queda cuestionada.
La deuda corresponde al periodo 2005-2010, una etapa en la que si bien es cierto que la ley de tiempos de espera no se cumplía al 100%, sí en el mayor de los casos. De hecho, 2010 cerró con una reducción de dos días de media en la espera para acudir al especialista por primera vez --de 36 pasó a 34-- y la lista quirúrgica en ninguna de las especialidades superó los 180. El máximo fue de 151, para Cirugía Plástica. Con respecto a las pruebas diagnósticas, el máximo legal solo se superó para resonancias magnéticas, en nueve días. Según explica el defensor del usuario, José Ramón Hidalgo, el comportamiento ha sido similar en años anteriores. Hasta el momento, la Junta no ha facilitado datos sobre tiempos medios de espera en el 2011, pero ante el gran número de pacientes que se encuentran fuera de plazo, el aumento está asegurado.
Los informes emtidos por el defensor del usuario revelan que por especialidades, es con diferencia Traumatología la que copa, desde el 2005, el mayor número de quejas. Por áreas, es la de Cáceres la que lidera la lista también en todas las ocasiones, aunque Hidalgo confirma que en este último año, pese a mantenerse la especialidad de Traumatología, ha sido sustituida en el primer puesto por la de Badajoz. El tiempo de espera por primera consulta es, con diferencia, el más reclamado.
INDIFERENCIA Pero todo ello no es suficiente para movilizar a los pacientes, que apenas han presentado 1.840 reclamaciones para exigir la atención que por derecho, les corresponde en la privada. Según explica Hidalgo, esto es lo que la ley de tiempos de espera establece en su articulado, pero no es lo que ocurre normalmente. En la mayoría de los casos, el SES y el usuario que reclama consiguen entenderse y el primero compensa al segundo con una citación que normalmente se produce en los 20 días siguientes a la reclamación. Es decir, que el SES consigue entenderse con el usuario para, en lugar en enviarlo a una clínica privada --si el paciente, lo exige, no se puede negar--, atenderlo en el menor tiempo posible. Por este motivo el número de pacientes que se deriva a la sanidad privada tras establecerse la queja es mínimo. En el mejor de los casos, por ejemplo en el 2010, llegó a ser de 18, frente a los 788 que se volvieron a readmitir en el sistema público.
Hidalgo señala que este procedimiento es más barato para la
