Esta semana la confrontación en torno a la legalización de la eutanasia para casos de enfermedad grave e irreversible ha sido política. Pero paralelamente a este, la despenalización del suicidio asistido en España genera desde hace décadas un controvertido debate social de ida y vuelta que se activa con cada nuevo caso que ha ido saliendo a la luz de un enfermo que había pedido ayuda a su entorno para terminar con su vida en España o que se había desplazado a alguno de los países en los que esta práctica ya es legal, como Holanda o Suiza.

Desde Ramón Sampedro (tetrapléjico a causa de un accidente y cuya historia de vida y muerte llevó al cine Alejandro Amenábar en Mar Adentro), que falleció en 1998 tras reivindicar durante años que se regulara el suicidio asistido; hasta María José Carrasco (enferma de esclerosis múltiple desde hace 30 años), que moría en 2019 con la ayuda de su marido, la despenalización de la eutanasia ha enfrentado a colectivos provida con aquellos que reivindican el derecho a morir dignamente.

«No existe un verdadero clamor social como se pretende hacer creer. Hay un falso debate por casos mínimos a los que se les ha dado mucha cobertura y con los que se trata de justificar esta Ley de Eutanasia, una norma general que nos afecta a todos y que es para todos. Una minoría no puede dictar leyes para la mayoría», considera Antonio Izquierdo, integrante de la Asociación Provida Almendralejo y Tierra de Barros, en contra de que se regule el suicidio asistido. «Nos venden como una conquista social y un manjar de la modernidad, lo que en realidad es una cultura de la muerte que se está tratando de imponer de forma sibilina. Comenzó con el aborto (la conocida como ‘ley de plazos’) y ahora continúa con una Ley de Eutanasia que se pretende legalizar en lugar de desarrollar una ‘ley de cuidados paliativos’», apunta. «La eutanasia y el aborto son la constatación del fracaso de la sociedad

A juicio de este colectivo, la norma obedece en realidad a «intereses espúreos, como tratar de ahorrar al Estado el coste económico del envejecimiento de la población y de la asistencia sanitaria que precisan personas que están en una situación de enfermedad terminal». Y lo que defienden desde esta asociación provida es que «el verdadero derecho a la vida no es una concesión graciosa del Estado, sino un derecho inherente al hombre, que el Estado tiene la obligación de proteger y asegurar», asegura Izquierdo. «Cuando existe cariño, ayuda, comprensión, apoyo y solidaridad, es difícil que alguien decida que quiere morir», opina. Junto a eso, asegura que les preocupa «cómo se va a garantizar que las personas que accedan a la eutanasia realmente quieran hacerlo y lo hagan siendo plenamente conscientes de que esa es su decisión».

Derecho frente a obligación

Frente a esas consideraciones, Catalina Fernández de Avilés lleva años defendiendo en Extremadura el derecho a morir dignamente. «Creo que la noche en la que la votación (para aprobar la tramitación de la Ley de Eutanasia) ha salido adelante, muchas personas nos hemos sentido en este país más seguras, más libres y más protegidas», asevera. Fue de las primeras en dar a conocer en la región al colectivo que ha movilizado la regulación de la eutanasia en España (Derecho a Morir Dignamente) poco después de que tramitara con la ayuda de esta asociación su ‘testamento vital’ (nombre con el que se conoce a la expresión anticipada de voluntades), la fórmula habilitada desde el 2008 en Extremadura para que una persona pueda dejar constancia de qué cuidados desea recibir si, llegado el momento, se encuentra en una situación que no le permite expresarlo personalmente. Hay 2.200 personas que han llevado a cabo ese trámite.

Esta pacense reflexiona sobre la relación que se tiene con la muerte: «sigue siendo un tema tabú. Pero nunca me he encontrado con personas que no quieran morir de forma digna. A cualquiera que le preguntes, te dirá que quiere morir tranquilo y bien», anota. Por eso para esta mujer la Ley de Eutanasia plasma «un derecho» y recuerda: «no obliga a nadie, pero podrá ejercer quien quiera y evitará que se torture a gente con tratamientos que prolongan una vida que ellos no quieren». «Si yo llego a una situación límite en la que la vida no me merece la pena porque mi sufrimiento es mayor, quiero poder acogerme al derecho a morir tranquila, rodeada de mi gente y sin sufrimiento», asevera.

Su activismo se acentuó tras una experiencia personal. «¿Quién no ha tenido a un ser querido que ha sufrido al final de su vida?», pregunta. «Y a lo mejor el médico no podía hacer otra cosa porque no tenía cobertura legal. Pero esta ley va a dar garantías legales y jurídicas para que yo pueda disponer libremente de mi vida, también al final», subraya. Por eso cuestiona que traten de confrontar los paliativos a la regulación de la eutanasia quienes se oponen a ella: «Cuidados paliativos, por supuesto. Pero además quiero el derecho a que las personas, que somos dueñas de nuestra vida, podamos decidir que no queremos vivir con una enfermedad o que no queremos hacer sufrir a nuestra familia por ello»